El vocero presidencial, Adrián Ravier, protagonizó un confuso momento durante una conferencia de prensa al ser consultado sobre la postura del Gobierno frente al avance de la petrolera israelí Navitas en las Islas Malvinas. Sin respuestas actualizadas, el funcionario terminó leyendo un comunicado de la Cancillería publicado siete meses atrás y admitió que desconocía qué medidas concretas se estaban adoptando.

La pregunta estuvo vinculada con la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino. El proyecto fue aprobado en diciembre de 2025 por las autoridades británicas de las islas sin autorización de la Argentina y está en manos de Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

La consulta tomó como punto de partida la falta de acciones oficiales frente al avance del proyecto y los vínculos de Navitas con el Estado de Israel. En lugar de explicar la posición actual del Gobierno, Ravier comenzó a buscar entre sus papeles y leyó inicialmente una respuesta referida a la incursión de un buque británico en aguas argentinas.

Al advertir la equivocación, el vocero cambió de hoja y explicó que “era una respuesta a otra pregunta”, aunque durante la conferencia no había recibido ninguna consulta específica sobre ese episodio. Después encontró el documento correspondiente a Navitas, pero se trataba del comunicado difundido por la Cancillería el 11 de diciembre de 2025.

El texto comenzaba con la declaración: “La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited…”. La Cancillería había advertido entonces que ambas compañías carecían de autorización argentina para operar en el área y se reservó el derecho de adoptar acciones para impedir el desarrollo del proyecto.

Ravier leyó aquella declaración como respuesta a una consulta sobre la política actual del Gobierno, tuvo dificultades para pronunciar algunos nombres y terminó reconociendo que no contaba con más elementos. “Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que profundizar con Cancillería. En todo caso, si nos deja el contacto, averiguamos las medidas concretas que ahora se están tomando para ampliar. Yo, en este momento, no tengo más información”, afirmó.

El episodio volvió a poner bajo cuestionamiento la reacción oficial ante una iniciativa considerada ilegal por la Argentina. Cuando el proyecto fue aprobado, la Cancillería demoró dos días en emitir su rechazo y se pronunció después de que las autoridades de Tierra del Fuego reclamaran públicamente una respuesta.

La declaración oficial recordó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e insta a ambos gobiernos a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica. Sin embargo, el comunicado no fue acompañado hasta el momento por el anuncio público de nuevas acciones judiciales o diplomáticas capaces de frenar la explotación.

La polémica se profundizó luego de que el portal Agenda Malvinas difundiera un análisis del balance anual de Navitas correspondiente a 2025. Según ese informe, la empresa declaró ganancias por 178,6 millones de dólares, aunque su actividad habría generado en realidad pérdidas por 4,4 millones.

La diferencia se explicaría por un beneficio concedido por Gran Bretaña, que permitió a Navitas heredar las pérdidas acumuladas por Harbour Energy, anterior propietaria del proyecto, y convertirlas en un activo por impuesto diferido de 183 millones de dólares. Mediante ese mecanismo contable, la compañía habría transformado un resultado negativo en una ganancia declarada.

La relación de la petrolera con el Estado israelí también generó cuestionamientos. El vicepresidente de Navitas, Yacob “Koby” Katz, se desempeñó anteriormente como director general del Ministerio de Infraestructura, Energía y Agua de Israel, pese a que representantes diplomáticos de ese país sostuvieron que se trata de una empresa privada sobre la cual el Gobierno israelí no tiene intervención.

Como antecedente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se impulsó en 2015 una causa penal contra distintas compañías que realizaban actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la zona de las Malvinas. La entonces jueza federal Lilian Herráez ordenó multas por 156,4 millones de dólares y el secuestro de barcos, plataformas y equipamiento, medidas que provocaron el retiro de varias empresas.

La confusión de Ravier dejó nuevamente sin respuesta cuáles son las acciones concretas que lleva adelante la administración de Javier Milei frente al proyecto Sea Lion. El vocero se limitó a reproducir la declaración emitida siete meses atrás y prometió consultar a la Cancillería para conocer si existe alguna medida adicional en defensa de la soberanía argentina.