El Gobierno de Javier Milei prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico, una decisión que deja al descubierto que, pese al ajuste tarifario, la quita de subsidios y las promesas de normalización, la crisis energética continúa lejos de estar resuelta.

La medida fue oficializada a través del DNU 585/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.

Según el texto oficial, la prórroga se justifica porque “persisten aún las circunstancias que motivaron” la emergencia inicial, declarada en diciembre de 2023 y luego extendida durante 2024 y 2025.

El propio Ejecutivo reconoció que el proceso de normalización del mercado eléctrico “todavía se encuentra en desarrollo”, una definición que contrasta con el discurso oficial que presenta al reordenamiento energético como uno de los avances centrales de la gestión.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, y otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Energía para continuar con la reorganización del sistema y la adecuación del Mercado Eléctrico Mayorista.

En los considerandos, el Gobierno sostuvo que hubo avances en la recomposición de la cadena de pagos y en la reducción de subsidios, pero admitió que las condiciones técnicas y regulatorias todavía requieren herramientas excepcionales para garantizar el funcionamiento del sistema.

Uno de los datos más sensibles incluidos en el decreto es el bajo margen de reserva registrado durante el pico de demanda de febrero de 2025. En esa oportunidad, el sistema alcanzó los 30.257 megavatios, con una reserva de apenas 4,4 por ciento, considerada insuficiente para afrontar contingencias sin poner en riesgo el abastecimiento.

El diagnóstico oficial también expone problemas estructurales acumulados en la red. Según el decreto, más del 60 por ciento de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que las estaciones transformadoras operan con niveles superiores al 90 por ciento de utilización.

La extensión de la emergencia eléctrica fue coordinada con la emergencia del gas natural, también prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto 49/2026. El Gobierno argumentó que existe una fuerte “interdependencia operativa y económica” entre ambos sistemas.

En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que el gas natural es un insumo crítico para la generación térmica de electricidad y advirtió que mantener plazos diferentes podría generar “desfasajes regulatorios y operativos” con impacto sobre la seguridad del abastecimiento.

El DNU también apunta a consolidar la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista y a continuar con la reducción gradual de los subsidios energéticos generalizados, que el Gobierno busca reemplazar por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Entre los objetivos declarados, la administración nacional incluyó fortalecer la cadena de pagos, sostener inversiones en infraestructura y garantizar tarifas “justas y razonables” para los usuarios, en línea con la Ley 24.065, que regula el servicio público de electricidad.

Sin embargo, la prórroga vuelve a abrir interrogantes sobre el impacto que tendrá la continuidad de este esquema sobre los hogares, las pymes y la industria, sectores que ya vienen enfrentando fuertes aumentos en las facturas de luz y gas.

El Gobierno también planteó la necesidad de promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad, con el objetivo de alentar inversiones privadas que aseguren el suministro a largo plazo.

La extensión de la emergencia busca, según la Casa Rosada, coordinar decisiones regulatorias, operativas y tarifarias dentro de una transición que aún no terminó. “La mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia”, sostiene el decreto.

La decisión deja una señal política clara: después de más de dos años de emergencia, el sistema eléctrico argentino sigue funcionando bajo un régimen excepcional, con redes exigidas, infraestructura envejecida y un Gobierno que apuesta a trasladar buena parte del costo de la recomposición energética a usuarios y sectores productivos.