El Gobierno nacional volvió a golpear al sistema científico argentino y avanzó sobre una de las áreas más sensibles para la soberanía energética del país. Mientras la Casa Rosada intentaba ordenar su propia crisis política con la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete y el debut de Adrián Ravier como vocero presidencial, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica notificaron el despido de un centenar de trabajadores mediante el sistema de gestión estatal.

La medida no afecta a un organismo menor ni administrativo. La Comisión Nacional de Energía Atómica es una institución estratégica que concentra conocimientos desarrollados durante más de siete décadas, vinculados con la energía nuclear con fines pacíficos, la investigación sobre minerales como el uranio, el diseño de reactores y la medicina nuclear, clave para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. En ese contexto, los despidos no aparecen como una simple reducción de personal, sino como un nuevo paso en el desmantelamiento de capacidades científicas, tecnológicas y soberanas.

Los gremios estiman que la cifra de cesanteados podría llegar a 170, ya que esa es la cantidad de contratos que vencían el 30 de junio. Las y los trabajadores se enteraron a través de una notificación del sistema de Gestión Documental Electrónica, que les informó que sus contratos no serían renovados. En la práctica, muchos supieron el último día del mes que al día siguiente ya no podrían volver a sus lugares de trabajo. Entre los afectados hay profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, incluso con más de diez años de antigüedad.

El recorte se suma a un deterioro profundo que atraviesa el organismo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica se redujo un 45,4 por ciento, mientras que la inversión en bienes de capital cayó 53,4 por ciento. Además, el organismo ya perdió alrededor de 500 trabajadores entre despidos y migración al sector privado por salarios cada vez menos competitivos.

El impacto de esta política excede largamente la cuestión laboral. La Comisión Nacional de Energía Atómica no solo sostiene proyectos vinculados con el desarrollo nuclear argentino, sino que también cumple un rol central en salud pública. “Tenemos un reactor de investigación, la mayoría de los proyectos que hacemos dentro del centro técnico Bariloche van destinados a tratamientos oncológicos”, explicó Carolina Natalia Ayala, profesional del Centro Atómico Bariloche y delegada de la Asociación Trabajadores del Estado.

La respuesta del Gobierno ante el reclamo fue la represión. Durante la tarde hubo movilizaciones en el Centro Atómico Bariloche y una permanencia pacífica en la sede central del organismo, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la Gendarmería ingresó al edificio, reprimió en los pasillos y formó una cadena humana para sacar al titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Martín Porro, quien evitó dar explicaciones frente a los trabajadores despedidos.

“En 21 años de trabajo nunca vi algo así, es un desastre. La Gendarmería adentro de la sede central, hubo empujones, compañeros que recibieron golpes y palazos. Un nivel increíble. Había llanto, angustia tristeza. Un desastre”, relató la delegada Carolina Komar.

La escena dejó una postal brutal del rumbo oficial: científicos, técnicos y trabajadores especializados reclamando por sus puestos y por la continuidad de un organismo estratégico, mientras las fuerzas de seguridad actuaban para garantizar la salida de una autoridad que no quiso responder por los despidos. Porro había asumido en diciembre pasado, tras la llegada de Federico Ramos Nápoli a la Secretaría de Asuntos Nucleares, un funcionario que también quedó bajo la lupa por haber accedido a un préstamo de 197 millones de pesos del Banco Nación, dentro de los créditos destinados a funcionarios libertarios.

Para los gremios, el objetivo de fondo es claro: reducir a la Comisión Nacional de Energía Atómica, vaciar sus capacidades y abrirle la puerta al negocio privado y extranjero. “El acervo intelectual que tiene la CNEA se va a ver mermado en algo que entendemos que es claramente un plan para desmantelar el plan nuclear argentino, una inversión de 76 años que la Argentina ha realizado para dominar la energía nuclear con fines pacíficos”, advirtió Ignacio Cortés, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado y trabajador del organismo.

La denuncia apunta a un modelo que no solo ajusta, sino que entrega. Según los trabajadores, el Gobierno está convirtiendo a la Comisión Nacional de Energía Atómica en una suerte de centro formador de profesionales que luego terminan migrando al sector privado por los bajos salarios. En Bariloche, donde vive buena parte del personal especializado, un alquiler modesto puede costar entre un millón y un millón y medio de pesos, mientras que un investigador con diez años de trayectoria no llega a cobrar dos millones. Empresas extranjeras, como Meitner Energy, ofrecen salarios hasta cuatro veces superiores.

“Hacen inversiones propias minúsculas, aprovechan inversiones enormes del Estado. La CNEA debería prestar servicios a esas empresas, no entregar sus trabajadores y su conocimiento”, sostienen los investigadores.

El vaciamiento también contradice el discurso oficial sobre un supuesto relanzamiento del plan nuclear. A fines de mayo, cuando se cumplieron 76 años de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Ramos Nápoli presentó un documento para reimpulsar el plan nuclear anunciado por Milei en diciembre de 2024. Sin embargo, el propio Manuel Adorni admitió en la Cámara de Diputados que ese plan fue “anunciado pero que aún no entró en vigencia”. Lo que sí entró en vigencia fue el ajuste: menos presupuesto, menos inversión, menos trabajadores y más apertura al interés privado.

Nicolás Lavagnino, director del Grupo de Economía Política de la Ciencia que elaboró el informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, fue contundente al advertir sobre el daño estratégico de esta política. La Comisión Nacional de Energía Atómica “es el organismo rector del sector nuclear argentino y la destrucción de sus capacidades entra en relación directa con las capacidades científicas y estratégicas argentinas, en un contexto geopolítico muy acuciante”, señaló.

El investigador también remarcó que el problema no puede explicarse únicamente por una restricción presupuestaria. “No tiene nada que ver con una situación de restricción presupuestaria y va más allá del ajuste económico que plantea el gobierno actual. No se puede entender la situación sin prestar atención al papel que está jugando Argentina en la geopolítica actual y a la lucha global por el poder energético y el relanzamiento del sector nuclear a nivel mundial”, sostuvo.

La contradicción económica es evidente. Algunas empresas vinculadas con el sector nuclear muestran resultados positivos, lo que debilita el argumento oficial del ajuste como única salida. Atucha, dependiente de Nucleoeléctrica Argentina, tuvo números favorables por 90.304 millones de pesos en 2025, mientras que Dioxitek, dedicada a la producción de pastillas de uranio, generó 19.204 millones, según informó el director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher.

El trasfondo más grave aparece en la apertura de instalaciones y activos nucleares a empresas privadas. En mayo, el Gobierno habilitó a compañías nacionales e internacionales a recorrer dependencias de la Comisión Nacional de Energía Atómica para evaluar posibles iniciativas privadas. A través del Procedimiento de Acceso Preliminar, se pusieron bajo observación activos como el reactor RA-10 y recursos vinculados con el uranio, presente en provincias como Chubut, Mendoza y Salta.

“Las empresas pueden pasear por la institución y solicitar información, que es confidencial y sensible, y que es fruto del trabajo de más de 70 años, el know how de la institución”, explicó Ayala. El dato es alarmante: mientras despide trabajadores y recorta presupuesto, el Gobierno permite que actores privados accedan a información estratégica acumulada durante décadas por el Estado argentino.

Para Cortés, el ataque no se limita al personal, sino que apunta al corazón del ciclo nuclear. “Hoy vinieron por el personal, pero también por el ciclo del combustible nuclear, que tiene al mineral como uno de sus aspectos clave”, señaló. La Comisión Nacional de Energía Atómica interviene en distintas etapas vinculadas con el uranio, desde la investigación sobre su localización hasta la eventual explotación de yacimientos, lo que la convierte en una pieza central para cualquier proyecto de soberanía energética.

La sombra de Estados Unidos aparece detrás de este proceso. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya había blanqueado meses atrás el interés sobre los recursos argentinos: “Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses”. En la misma línea, el vocero Ravier habló de la reactivación de la minería de uranio y afirmó que “ es una prioridad absoluta para impulsar la cadena de suministro de la industria nuclear argentina e insertar al país en la cadena de suministro global mediante la exportación de este metal”.

Ese anuncio se inscribe en un memorándum de cooperación entre Argentina y Estados Unidos, dentro de la estrategia norteamericana denominada “Alianza para la seguridad de los minerales críticos”. Para los trabajadores y especialistas, el cuadro es demasiado claro: el Gobierno recorta capacidades públicas, debilita al organismo rector del sector nuclear y abre la puerta a empresas extranjeras interesadas en recursos estratégicos.

Los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica no son una medida más de la motosierra libertaria. Son un ataque directo contra un área clave para la energía, la salud, la ciencia y la autonomía nacional. Detrás del ajuste aparece una política de entrega: menos Estado, menos conocimiento propio y más dependencia de intereses privados y extranjeros.

En un mundo donde la energía nuclear, los minerales críticos y la tecnología definen poder económico y geopolítico, el Gobierno argentino elige destruir capacidades que costaron 76 años de inversión pública. El resultado no es eficiencia: es pérdida de soberanía, fuga de talentos, debilitamiento científico y un país cada vez más atado a decisiones que se toman fuera de sus fronteras.