La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei y dejó firmes las medidas cautelares que obligan al Estado nacional a cumplir con aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con los salarios del personal docente y no docente y con el sistema de becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la apelación impulsada por el Ministerio de Capital Humano al considerar que no estaba dirigida contra una sentencia definitiva.

De esta manera, continuarán vigentes las resoluciones judiciales que ordenan al Poder Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la norma sancionada por el Congreso, que establecen mecanismos para actualizar los ingresos de los trabajadores universitarios y recomponer los fondos destinados a las becas.

Las resoluciones fueron dictadas en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/25, mediante el cual la administración nacional había intentado suspender la aplicación de esos artículos.

El fallo representa un nuevo revés para el Gobierno en la disputa por el presupuesto universitario, luego de que el Congreso sancionara en dos oportunidades una ley destinada a garantizar recursos para el funcionamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial del sector.

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires celebraron la decisión del máximo tribunal y destacaron el respaldo que recibió el reclamo universitario por parte de distintos sectores de la sociedad.

“Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, expresó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, después de conocerse las resoluciones.

La decisión de la Corte no analiza todavía el fondo de la controversia, pero mantiene vigentes las medidas cautelares que obligan al Estado a destinar los recursos correspondientes mientras continúa la tramitación judicial.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes desde diciembre de 2023, período a partir del cual los gremios universitarios denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Días antes del fallo, el Gobierno nacional había informado que transferiría fondos para otorgar un incremento del 24,33 por ciento a los trabajadores de las más de 60 universidades nacionales.

El esquema anunciado contempla un aumento del 21,33 por ciento en junio y otro tres por ciento en octubre. Sin embargo, los representantes gremiales sostienen que esos porcentajes no alcanzan para cumplir plenamente con la actualización establecida por la ley.

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Cagnacci, estimó que todavía resta una recomposición cercana al 30 por ciento, sin incluir el último entendimiento paritario alcanzado a comienzos de junio.

“Si uno calcula lo que se otorgó y se acordó en esta paritaria y lo que dejó la Corte en pie, que es la cautelar con respecto a salario y becas, todavía falta alrededor de un 30% de aumento”, señaló el dirigente.

Cagnacci consideró que el Poder Ejecutivo agotó las instancias disponibles para intentar frenar la aplicación de la norma y afirmó que ahora deberá avanzar con la actualización de las partidas destinadas a las universidades.

“El Gobierno ya no tiene más artimañas legales para no actualizar salario”, manifestó el representante sindical.

La resolución también mantiene la obligación de recomponer el fondo de becas destinado a estudiantes universitarios, uno de los sectores alcanzados por las medidas cautelares dictadas en la causa.

Las universidades y los gremios esperan ahora que el Gobierno concrete las transferencias necesarias y defina la forma en que se aplicará la actualización salarial pendiente.

El fallo vuelve a colocar el financiamiento universitario en el centro de la agenda política y obliga al Poder Ejecutivo a cumplir, al menos mientras continúe vigente la cautelar, con las disposiciones destinadas a sostener los salarios, las becas y el funcionamiento del sistema público de educación superior.