Las universidades nacionales realizarán un paro de 72 horas a partir del miércoles en reclamo de la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno el pasado 21 de octubre, pero sin los fondos necesarios para su puesta en marcha.

“Debemos continuar con la profundización de las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión, que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, expresó Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

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Los gremios docentes denuncian que los salarios no fueron actualizados y que, a pesar de las tres masivas marchas federales en defensa de la universidad pública, el presidente Javier Milei aún no cumplió con lo que establece la ley.

La norma busca garantizar el financiamiento adecuado del sistema universitario, incluyendo mejoras salariales y la recuperación presupuestaria para evitar el deterioro de las instituciones.

“La ley debe aplicarse sin más demora, no solamente porque es ley, sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo con lo estipulado, nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sostuvo Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD–UBA).

Celoto advirtió que las bajas remuneraciones están generando una crisis en el personal universitario, que ya no puede sostener las tareas con los salarios actuales. “En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, señaló.

La dirigente explicó que esta situación provoca pedidos de reducción de horas y cambios de dedicación, lo que afecta directamente el funcionamiento de las universidades. “Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía, con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para las cuales fueron designados”, concluyó.