El Gobierno nacional puso en marcha un régimen de regularización de armas de fuego que permitirá a quienes posean armamento no declarado o con documentación irregular inscribirlo ante el Estado sin afrontar sanciones penales por la tenencia ilegal.

La medida fue oficializada mediante una disposición del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley 27.805, aprobada por el Congreso, y establece un plazo de 360 días para que los propietarios de armas de uso civil y de uso civil condicional puedan normalizar su situación registral.

Según la normativa, las personas que tengan armas sin registrar, o cuya registración haya quedado en condición irregular, podrán presentarlas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para incorporarlas al registro oficial. Durante ese período, quienes adhieran al régimen quedarán exentos de sanciones penales vinculadas a la tenencia ilegal de ese armamento.

La iniciativa comenzará a regir el 18 de julio y contempla la verificación técnica y registral de las armas, sus municiones y accesorios. Una vez completados los controles, la información será incorporada al Banco Nacional Informatizado de Datos administrado por la ANMAC.

Uno de los aspectos que generó mayor controversia es que el beneficio no alcanza únicamente a quienes omitieron registrar un arma adquirida legalmente, sino también a personas que nunca realizaron los trámites exigidos para obtener la condición de legítimo usuario.

La normativa establece que las armas presentadas serán sometidas a inspecciones para determinar su estado y condiciones de funcionamiento. En aquellos casos donde se detecten fallas técnicas graves o situaciones que impidan su utilización segura, el material podrá ser retenido por las autoridades competentes.

Desde distintos sectores se advirtió que la medida podría generar zonas grises en materia de control y fiscalización, especialmente por el alcance de la exención penal durante el período de regularización. También surgieron interrogantes sobre su impacto en la lucha contra el mercado ilegal de armas y en las investigaciones vinculadas a delitos cometidos con armamento no registrado.

La disposición se suma a otras decisiones adoptadas por la administración nacional en materia de armas de fuego. Entre ellas figuran modificaciones en los requisitos para acceder a la condición de legítimo usuario, cambios en los criterios para la adquisición de determinadas armas semiautomáticas y la reducción de la edad mínima para tramitar autorizaciones.

Para el Gobierno, estas medidas apuntan a actualizar y simplificar los mecanismos de registración y control. Sin embargo, sectores opositores, especialistas en seguridad y organizaciones vinculadas a la prevención de la violencia armada cuestionan la flexibilización de las regulaciones y advierten sobre los riesgos que podría implicar una mayor circulación de armas en manos de civiles.

El debate sobre el alcance y las consecuencias de esta nueva política promete instalarse en la agenda pública durante los próximos meses, mientras comienza a correr el plazo para que miles de propietarios regularicen la situación de sus armas ante el Estado.