La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó frenar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), en un nuevo revés para el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata, Mariano López, quien hizo lugar a una presentación impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

La medida cautelar suspende de manera preventiva el avance de la venta de la empresa estatal al considerar que el proceso podría afectar derechos vinculados al acceso al agua potable y a la protección del ambiente.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la privatización planteada por el Gobierno nacional no incorpora mecanismos suficientes para garantizar la cobertura sanitaria ni contempla adecuadamente aspectos vinculados a la recomposición y prevención de daños ambientales.

Además, López advirtió que la iniciativa "tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas", por lo que decidió elevar su decisión a la Cámara Federal de La Plata para su revisión.

La presentación judicial había sido realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino, que cuestionó distintos aspectos del esquema de privatización impulsado por la administración nacional.

Según el organismo, el proceso no contempla "elementos básicos que garanticen el acceso al agua" y desconoce la existencia de "pasivos ambientales en territorio bonaerense", una situación que podría comprometer tanto la calidad del servicio como las obligaciones ambientales de la empresa.

La Defensoría argumentó además que la privatización pone en riesgo el actual esquema de exigencias en materia de inversiones, mantenimiento, expansión de redes, saneamiento y remediación ambiental, aspectos considerados esenciales para garantizar un servicio público de calidad.

El juez coincidió con esos planteos y remarcó la necesidad de proteger el derecho colectivo al acceso al agua potable en condiciones suficientes, seguras y equitativas.

La resolución también señala que el pliego licitatorio elaborado para avanzar con la privatización no contempla de manera adecuada los impactos que una eventual transferencia al sector privado podría generar sobre la prestación del servicio y sobre el ambiente.

El plan oficial prevé la venta de al menos el 51 por ciento de las acciones de AYSA a un operador estratégico, mientras que el resto sería colocado en el mercado bursátil. La futura concesión tendría una duración de 30 años, con posibilidad de extenderse por una década adicional.

La decisión judicial reabre además el debate sobre los antecedentes de la gestión privada del servicio de agua y saneamiento en el país.

La historia reciente de la compañía remite a la década de 1990, cuando durante la presidencia de Carlos Menem el servicio fue privatizado y quedó en manos de la empresa francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, que operó bajo la denominación Aguas Argentinas.

Esa experiencia concluyó en 2006, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner resolvió rescindir la concesión y recuperar el control estatal de la empresa tras una serie de cuestionamientos vinculados al cumplimiento de inversiones, expansión de la red y calidad del servicio.

Diversos estudios académicos sobre aquel período señalaron que las tarifas residenciales registraron incrementos muy superiores a la inflación y que existieron modificaciones contractuales que favorecieron a la concesionaria privada.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que la privatización permitirá mejorar la eficiencia y atraer inversiones, la cautelar dictada por la Justicia bonaerense pone por ahora un freno al proceso y abre una nueva disputa judicial sobre el futuro de una de las principales empresas de servicios públicos del país.