A dos años de la declaración de la Emergencia Ferroviaria, impulsada por el Gobierno nacional tras el choque de dos formaciones de la línea San Martín en mayo de 2024, los gremios ferroviarios denunciaron que menos de la mitad de los fondos comprometidos para obras de infraestructura y seguridad fueron efectivamente ejecutados y advirtieron sobre un creciente deterioro del sistema.

De acuerdo con datos difundidos por organizaciones sindicales del sector, de los 1,3 billones de pesos previstos originalmente para ser invertidos durante los primeros 24 meses de la emergencia, hasta el momento se habrían ejecutado poco más de 570 millones de pesos, lo que representa alrededor del 44 por ciento del presupuesto anunciado.

La situación, sostienen los representantes de los trabajadores, derivó en la paralización de gran parte de las obras proyectadas para modernizar la red ferroviaria del Área Metropolitana de Buenos Aires y otras regiones del país. Entre las inversiones concretadas, mencionan únicamente la incorporación de tres locomotoras destinadas a la línea Mitre.

En paralelo, los indicadores operativos muestran un deterioro creciente. Según cifras de la Unión Ferroviaria, durante los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 101 descarrilamientos en líneas de pasajeros y cargas de distintos puntos del país, un número que refleja un aumento respecto del mismo período del año anterior y que genera preocupación dentro del sector.

El secretario general de la Unión Ferroviaria de la línea Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero, sostuvo que la falta de inversión incrementa el riesgo de incidentes graves y cuestionó el alcance real de la emergencia decretada por el Poder Ejecutivo.

"El riesgo de chocar es cada vez más grande. El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada; la emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores", afirmó el dirigente sindical.

Además, adelantó que presentará un informe ante el Congreso sobre el estado de la red ferroviaria y lanzó una dura advertencia: "Si ocurre un accidente, va a ser culpa de Milei".

Los gremios aseguran que el deterioro se refleja en múltiples aspectos del servicio. Entre ellos mencionan la reducción de frecuencias, el aumento de los tiempos de viaje, la escasez de material rodante operativo y el crecimiento de los problemas de infraestructura.

Desde La Fraternidad señalaron que la frecuencia de los trenes de pasajeros se redujo en torno al 30 por ciento desde el inicio de la actual gestión. Uno de los ejemplos más citados es el de la línea Belgrano Norte, que disminuyó la cantidad de servicios diarios y amplió los intervalos de espera durante los horarios de mayor demanda.

La consecuencia directa, según denuncian los trabajadores y los usuarios, es una mayor congestión en las formaciones y un deterioro en las condiciones de viaje para quienes utilizan el tren como principal medio de transporte.

A esto se suman los aumentos tarifarios derivados de la reducción de subsidios estatales. Desde junio, la tarifa mínima pasó a costar 350 pesos para quienes poseen la tarjeta SUBE registrada, mientras que los valores continúan escalando según la distancia recorrida.

En ese contexto, datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte indican una caída en la cantidad de pasajeros transportados entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el primer trimestre del año. Paralelamente, también se registró un incremento en la evasión del pago del boleto en distintas líneas ferroviarias.

Entre las principales preocupaciones planteadas por los sindicatos figura el estado de las vías. Sobrero aseguró que en varias líneas se multiplicaron las denominadas "normas de precaución", que obligan a reducir drásticamente la velocidad de circulación para evitar descarrilamientos.

Según explicó, algunos tramos de la línea Sarmiento presentan límites de velocidad de apenas 12 kilómetros por hora, lo que provocó un aumento significativo en los tiempos de viaje. "Nos hacen frenar porque si no terminamos en Rivadavia", sostuvo en referencia a la tragedia ferroviaria de Once.

Los dirigentes gremiales también remarcan el aumento sostenido de los descarrilamientos. Durante 2025 se registraron 185 incidentes de este tipo, frente a los 136 contabilizados en 2024. De mantenerse la tendencia actual, estiman que 2026 podría cerrar con cifras aún más elevadas.

La Emergencia Ferroviaria fue establecida mediante el Decreto 525/2024 tras el accidente ocurrido en la línea San Martín que dejó decenas de heridos. El plan oficial contemplaba inversiones destinadas a la renovación de vías, sistemas de señalamiento, infraestructura eléctrica y material rodante.

Sin embargo, al acercarse el vencimiento original del programa, el Gobierno decidió extender la emergencia hasta 2028, argumentando la necesidad de completar las tareas pendientes. La medida fue cuestionada por los gremios, que sostienen que la prórroga no estuvo acompañada por nuevos recursos.

Desde la Secretaría de Transporte afirman que parte de las obras previstas avanzaron durante estos dos años y destacan trabajos vinculados a infraestructura, señalamiento y renovación de material ferroviario. No obstante, los sindicatos aseguran que los recursos anunciados nunca llegaron efectivamente al sistema.

"Al sistema no llegó un solo peso", denunció Sobrero, quien además vinculó la falta de inversión con los más de dos mil despidos registrados en empresas ferroviarias estatales durante los últimos años.

En un reciente comunicado, La Fraternidad advirtió que la situación actual configura un "ferricidio en marcha" y alertó que, de mantenerse la tendencia de desinversión, algunas líneas podrían ver reducida su frecuencia a niveles críticos.

Mientras tanto, el proceso de privatización previsto para distintas empresas ferroviarias continúa avanzando de manera gradual. Los servicios de carga aparecen como la prioridad inicial dentro de ese esquema, aunque los gremios temen que el transporte de pasajeros sea el próximo objetivo sobre una red que consideran cada vez más debilitada.

A dos años de la emergencia que prometía revertir décadas de deterioro, el sistema ferroviario enfrenta cuestionamientos por la ejecución de los fondos, el estado de la infraestructura y la seguridad operativa de millones de pasajeros que utilizan diariamente el tren como medio de transporte.