La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que una auditoría interna del Ministerio de Salud detectara compras con sobreprecios de hasta el 4239% en productos destinados a personas con discapacidad, entre ellos andadores, prótesis y sillas de ruedas.

La documentación, incorporada a la causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo, expone diferencias de entre el 1000% y más del 4000% entre los montos abonados por el Estado y los valores de referencia de mercado.

Según surge de un informe oficial elaborado en abril de 2025 y al que accedió el diario La Nación, uno de los casos más llamativos corresponde a la compra de un andador adquirido por $12.150.000, cifra que supera en un 4239% el valor considerado razonable para ese tipo de producto.

De acuerdo con la descripción incluida en la factura emitida a nombre de la ANDIS, el andador contaba con frenos de doble función, ruedas delanteras giratorias, asiento acolchado rebatible y canasto para compras, entre otras características.

"El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público", sostiene el informe incorporado al expediente judicial.

La investigación avanza en los tribunales de Comodoro Py y forma parte de la causa que tiene como principal acusado al extitular del organismo Diego Spagnuolo, quien afronta una nueva ronda de declaraciones indagatorias junto a empresarios y exfuncionarios.

En total, seis empresas proveedoras quedaron bajo sospecha por las operaciones observadas: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. De acuerdo con la auditoría, el Estado pagó a esas firmas alrededor de $18.100 millones a través de 37 facturas analizadas.

La empresa que concentró la mayor cantidad de operaciones fue Farma Salud, que recibió cerca de $7900 millones. Uno de sus principales socios, Osmar Mariano Caballi, fue citado a declaración indagatoria. Caballi conoce de cerca el funcionamiento del organismo, ya que durante el gobierno de Alberto Fernández ocupó un cargo directivo en la propia ANDIS.

En paralelo, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, también vinculados a Farma Salud, presentaron un escrito judicial en el que rechazaron las acusaciones y apuntaron contra Caballi como responsable de las operaciones investigadas.

En su presentación señalaron que la firma había reducido considerablemente su actividad por problemas económicos y que volvió a operar con fuerza en 2024 luego de la incorporación de Caballi como socio mayoritario, quien habría prometido acercar nuevos negocios gracias a sus vínculos con el sector público.

Otra de las empresas mencionadas en la investigación es Bymax Medical, cuyo gerente era Patricio Oscar Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la ANDIS que también se encuentra procesada en la causa. Di Giorno integraba el equipo de Miguel Ángel Calvete, otro de los exfuncionarios alcanzados por el expediente.

La auditoría además puso bajo sospecha el mecanismo utilizado por el organismo para seleccionar proveedores. El sistema empleado era el Sistema integrado de información y administración de prestaciones, conocido como Siipfis.

Los investigadores creen que la plataforma pudo haber sido manipulada para invitar de manera selectiva a un reducido grupo de empresas, simulando procesos competitivos para justificar contrataciones con precios inflados.

La hipótesis judicial apunta a la posible existencia de una asociación ilícita dedicada a direccionar contratos estatales a cambio de coimas que oscilarían entre el 12% y el 20% del valor de las compras.

Hasta el momento fueron llamadas a indagatoria 49 personas. Gran parte de los acusados busca anular la causa argumentando que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo fueron obtenidos de manera ilegal. En esas grabaciones se mencionaría un supuesto "3% para Karina".

Sin embargo, esa estrategia podría debilitarse en las próximas semanas. El fiscal Franco Picardi solicitó una pericia de voz para determinar científicamente si los audios pertenecen efectivamente a Spagnuolo.

La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien intenta determinar el alcance de las maniobras y el posible funcionamiento de una estructura organizada dentro del área de Discapacidad.