En el marco de una investigación contra el crimen organizado, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización dedicada al desvío de armas de fuego desde el mercado legal hacia el circuito ilegal, con operaciones en distintas provincias y vínculos internacionales.

El operativo fue llevado adelante por el Departamento Investigaciones Antimafia, dependiente de la fuerza federal, tras una pesquisa que se extendió durante dos años y que se inició a partir de una denuncia por maniobras irregulares en la compra de armamento.

A partir de tareas de inteligencia, análisis de información e intervenciones judiciales, se logró identificar una estructura delictiva compleja que operaba de manera coordinada en múltiples jurisdicciones. Con intervención de la Justicia Federal, se ordenaron allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 35 personas y se secuestró un importante arsenal. Entre los elementos incautados se encuentran 25 escopetas, 55 pistolas de distintos calibres, 17 revólveres, 7 fusiles, 7 ametralladoras, una carabina, tres pistolones, 32 cargadores, una máquina de recarga, más de 40.000 municiones, una granada y dos cuñetes de pólvora.

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que adquiría armas en el mercado legal mediante el uso de personas interpuestas, muchas de ellas sin capacidad económica para justificar las operaciones, lo que evidenciaba maniobras fraudulentas.

Además, se detectó la participación de distintos actores dentro de la red, entre ellos responsables de comercios vinculados a la venta de armas, gestores e intermediarios que facilitaban los trámites, e instructores que certificaban documentación necesaria para concretar las compras.

Una vez obtenidas, las armas eran desviadas al mercado ilegal, en muchos casos con numeraciones adulteradas o suprimidas, y posteriormente comercializadas tanto dentro del país como en países limítrofes. Las ganancias generadas eran canalizadas a través de maniobras de lavado de activos mediante la adquisición de bienes.

El procedimiento permitió desarticular una estructura que abastecía de armamento a organizaciones criminales, afectando su capacidad operativa. Tanto los detenidos como el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que continúa en etapa de investigación.