La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la incorporación de documentación vinculada a la mudanza de su madre, Silvia Pais, a un barrio cerrado del sur bonaerense. La información ya forma parte del expediente que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita y se suma a otras medidas de prueba relacionadas con la evolución patrimonial del funcionario.

Según la documentación incorporada a la causa, Silvia Pais se instaló en el country Fincas de Iraola II, ubicado en el partido de Berazategui. De acuerdo con los registros obtenidos por la Justicia, el alquiler de la propiedad fue abonado por adelantado durante un año completo mediante un desembolso de 12 mil dólares en efectivo.

La situación despertó el interés de los investigadores debido a que la mudanza se concretó a comienzos de junio, en momentos en que el patrimonio y los gastos del jefe de Gabinete ya se encontraban bajo la lupa judicial y política. La causa analiza movimientos patrimoniales y erogaciones que, según distintas actuaciones incorporadas al expediente, superarían el millón de dólares desde que Adorni asumió funciones públicas.

La información surgió luego de una orden judicial dirigida a la administración del exclusivo barrio privado. El requerimiento obligó al consorcio a remitir los contratos vigentes y los comprobantes de pago vinculados con la vivienda ocupada por la madre del funcionario.

Los documentos enviados a la fiscalía revelaron que el contrato de locación no fue firmado por Silvia Pais sino por Juan Pais, tío directo de Adorni. El acuerdo fue establecido por un plazo de dos años y fijó un alquiler mensual de 1.100 dólares. Sin embargo, en lugar de realizar pagos mensuales, se efectuó un desembolso único de 12 mil dólares en efectivo para cubrir el primer año completo. A ello se agregan expensas que, según la información remitida por el consorcio, rondan los 500 mil pesos mensuales.

La aparición de Juan Pais en la documentación amplía el número de familiares cercanos que quedaron mencionados dentro de la investigación judicial. El avance de las actuaciones se produce pocos días después de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual legislador bonaerense.

En el caso de Francisco Adorni, la fiscalía puso el foco en presuntas inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. De acuerdo con la investigación, el legislador debió rectificar en dos oportunidades la información patrimonial presentada originalmente, luego de que se detectaran diferencias significativas respecto de los montos vinculados a una supuesta herencia familiar declarada por ambos hermanos.

La causa, que comenzó centrada en el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, se expandió en los últimos meses hacia distintos movimientos económicos, declaraciones patrimoniales y operaciones realizadas por integrantes de su entorno familiar. Los investigadores buscan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos relevados durante el período analizado.

En paralelo, nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal Pollicita permitieron reconstruir distintos consumos y desembolsos atribuidos al funcionario y a su esposa. Entre los elementos incorporados al expediente figura la compra de un juego de sábanas premium valuado en alrededor de ocho millones de pesos, dato que surgió del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, considerado uno de los principales testigos dentro de la investigación.

Las actuaciones continúan avanzando mientras la fiscalía espera nuevos informes contables destinados a determinar con mayor precisión el volumen de gastos, deudas y movimientos patrimoniales de la pareja. Esos elementos podrían resultar determinantes para definir los próximos pasos procesales, incluida una eventual citación a declaración indagatoria del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, la investigación mantiene abierto un frente de creciente presión sobre el funcionario, tanto en el ámbito judicial como en el político, donde sectores de la oposición y algunos aliados parlamentarios siguen de cerca la evolución de una causa que continúa sumando capítulos.