No se trata sólo de una discusión sobre metodología o sobre cómo se construye un índice: lo que aparece es una crisis de validación social del dato público. Cuando la inflación oficial deja de coincidir con la sensación cotidiana de encarecimiento, el problema deja de ser estadístico y pasa a ser político, porque se debilita la confianza en una de las referencias centrales con las que el Gobierno busca reforzar el debate económico.

Esa desconfianza encuentra una explicación concreta en el bolsillo. El 86,6% afirma que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de toda la serie reciente, por encima del 74,7% de enero y del 83,9% de marzo. Ahí está el núcleo del problema: la sociedad no compara el dato oficial con una abstracción, sino con el resultado material que deja en la vida diaria. La inflación ya no se mide en decimales, sino en cuánto dura el ingreso, cuánto margen queda después de pagar lo básico y hasta qué fecha del mes se puede sostener el consumo habitual. Por eso, cuando el índice baja, pero el salario sigue sin recomponer poder de compra, el dato pierde capacidad de persuadir. El número oficial puede ordenar la macro, pero si no corrige la experiencia real del hogar, deja de ser creíble para una mayoría social.

El punto se vuelve todavía más delicado porque esa desconfianza no aparece aislada, sino en una sociedad que ya viene recortando gastos y ajustando hábitos de consumo. En informes anteriores, Zentrix ya había mostrado que el deterioro de los ingresos y la necesidad de resignar consumos empujaban a los hogares a una lógica cada vez más defensiva.

En abril, esa tendencia no se revierte: el 60,4% dice que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, y el clima general sigue marcado por la sensación de pérdida. En ese contexto, el dato del INDEC deja de funcionar como una herramienta de representación de la realidad y empieza a leerse, para una parte creciente de la sociedad, como una cifra que no captura el verdadero ritmo al que se encarece la vida. La brecha, entonces, no es sólo entre inflación oficial e inflación percibida, sino entre la narrativa económica del Gobierno y la experiencia concreta de los hogares.

También hay una dimensión política más fina en esta lectura. Entre quienes votaron al oficialismo en 2025, una amplia mayoría sostiene que su salario no le gana a la inflación, aunque conserva una lectura más tolerante del presente; entre los opositores, en cambio, la percepción negativa sobre el ingreso es prácticamente unánime.

Eso sugiere que el dato oficial todavía puede ser parcialmente amortiguado por la identidad política, pero ya no alcanza para neutralizar el malestar material. La conclusión de fondo es que la inflación erosiona ingresos y también erosiona confianza. Y cuando la mayoría siente que el salario pierde, que el mes se hace más largo y que la referencia oficial no expresa lo que efectivamente ocurre en la góndola, en los servicios o en el gasto cotidiano, lo que se debilita no es sólo la credibilidad del índice, sino también la capacidad del Gobierno para convertir ese índice en prueba social de mejora.

Fuente: https://zentrixdata.com.ar/