El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó un cambio clave en el acceso a los servicios públicos al establecer que los vecinos residentes tendrán prioridad frente a personas provenientes de la provincia de Buenos Aires y del exterior en la asignación de turnos, cupos y vacantes en dependencias estatales.

La decisión fue impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, a través del decreto N°142-26, que amplía el alcance de la denominada “Prioridad Porteña”, una política que ya se aplicaba en el sistema de salud y que ahora se extiende a todas las áreas de la administración pública local.

Según se informó, la medida busca reconocer a quienes residen y tributan en la Ciudad, estableciendo un criterio de preferencia en la gestión administrativa. “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, sostuvo Macri. Y agregó: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS”.

El decreto fue firmado también por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y establece que cada área del Gobierno deberá adecuar sus procedimientos internos para implementar este nuevo esquema de atención.

La normativa aclara que el criterio de prioridad no se aplicará en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria, donde la atención continuará siendo inmediata y sin distinción de domicilio. Asimismo, no implica la exclusión de usuarios, sino que ordena la atención bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad.

El antecedente directo de esta política se remonta a marzo de 2025, cuando la Ciudad implementó la prioridad para residentes en hospitales públicos. Desde entonces, el sistema de salud porteño registró más de 30 millones de prestaciones y un aumento del 30 por ciento en la oferta de consultas, con un crecimiento significativo en intervenciones quirúrgicas.

Desde el Ejecutivo local sostienen que la medida también apunta a limitar lo que consideran un uso desigual de los servicios públicos por parte de personas no residentes. En esa línea, Macri afirmó: “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”.

Quedan excluidos de esta política los servicios vinculados a la seguridad pública, mientras que la Jefatura de Gabinete será la encargada de coordinar la implementación en todas las áreas.

En paralelo, la administración porteña elevó un reclamo al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que asuma los costos de atención de personas en situación de calle provenientes de ese distrito, en línea con lo establecido por normativas nacionales sobre competencias jurisdiccionales.

La medida ya genera debate por su impacto en el acceso a servicios y por las tensiones que podría profundizar entre jurisdicciones en el área metropolitana.