La Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina en la causa por la expropiación de YPF, impulsada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que buscaban una condena por más de 16.000 millones de dólares. El tribunal determinó que la nacionalización se ajustó al derecho argentino, lo que representa un respaldo clave a la decisión tomada en 2012.

El fallo generó una inmediata reacción del presidente Javier Milei, quien celebró el resultado pero al mismo tiempo cuestionó los fundamentos jurídicos que lo sostienen. En sus declaraciones públicas, insistió en que la “expropiación estuvo mal”, una postura que contrasta con la resolución judicial que validó el proceso.

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Según el relato oficial, la actual gestión logró revertir un fallo adverso. Sin embargo, durante el desarrollo del litigio, Milei había sostenido argumentos coincidentes con los de los demandantes, al calificar la expropiación como incorrecta. Tras conocerse la decisión, el mandatario reiteró que “expropiar está mal” porque, según afirmó, “robar está mal”, y vinculó el conflicto judicial con años de falta de inversión.

La sentencia de la Justicia estadounidense fue contundente al respecto y determinó que la expropiación se realizó conforme a la legislación argentina. En esa línea, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó: “Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”. Además, sostuvo que la decisión permitió recuperar la soberanía energética y destacó el desarrollo de Vaca Muerta como uno de sus principales resultados.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof señaló que el fallo “deja en evidencia años de mentiras” y aseguró que los argumentos utilizados por la defensa del Estado fueron los mismos que se sostuvieron desde el inicio del proceso judicial. También calificó como estratégica la nacionalización y cuestionó a quienes la criticaron.

El litigio, iniciado en 2015, tuvo un fallo adverso en primera instancia en 2023, cuando la jueza Loretta Preska ordenó que Argentina pagara una indemnización millonaria. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión al considerar que los tribunales estadounidenses no debían intervenir en un caso regido por el derecho público argentino.

Especialistas en el caso señalaron que el eje de la defensa se basó en sostener que la expropiación se realizó conforme a la Constitución y a las leyes nacionales, y que por lo tanto no correspondía que la disputa se resolviera en tribunales extranjeros. En ese sentido, destacaron la continuidad de la estrategia jurídica a lo largo de las distintas administraciones.

Pese al resultado favorable, el proceso aún no está completamente cerrado, ya que las partes pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque consideran poco probable que el caso sea revisado en esa instancia.

En paralelo, Milei anunció el envío de un proyecto al Congreso para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro. La iniciativa abre un nuevo frente de debate, ya que plantea cambios sobre el mismo instrumento legal que fue validado por la Justicia estadounidense en este fallo.

Más allá de la celebración oficial por el alivio económico que implica la decisión, el caso volvió a poner en discusión el rol del Estado, la soberanía energética y las tensiones políticas en torno a una de las decisiones más relevantes de la historia reciente argentina.