La docencia universitaria de todo el país inició un paro en el marco de un plan de lucha que se extenderá durante el cuatrimestre, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo registrada desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

Desde los gremios sostienen que los salarios deberían incrementarse al menos un 50% para equiparar los niveles de noviembre de 2023. La norma en cuestión fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina, luego vetada por el Poder Ejecutivo Nacional, y posteriormente ratificada por el Parlamento con los dos tercios necesarios. Sin embargo, denuncian que, a más de cuatro meses de su promulgación, el Gobierno aún no la implementa.

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En ese contexto, un fallo del juez Cormick ordenó la ejecución inmediata de los fondos para las universidades, aunque, según las organizaciones sindicales, la medida judicial tampoco fue cumplida.

El conflicto se profundizó tras el envío al Congreso de un nuevo proyecto oficial que propone modificar la ley vigente. La iniciativa plantea una recomposición del 12,3% en tres tramos —con la última cuota prevista para septiembre—, muy por debajo del 51% contemplado en la norma aprobada, lo que implicaría dejar sin reconocimiento gran parte de la deuda salarial acumulada durante 2024.

Actualmente, los salarios docentes continúan congelados desde hace más de un año. Según detallaron desde el sector, un cargo de 10 horas ronda los $250.000, mientras que uno de 40 horas alcanza aproximadamente el millón de pesos. El cargo testigo de JTP semi exclusiva se ubica en $570.470, cuando, con la ley aplicada, debería superar los $850.000.

La situación, advierten, genera un fuerte deterioro en las condiciones de vida del sector, con docentes que recurren al pluriempleo o a trabajos en plataformas digitales para complementar ingresos.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, señaló que “con estos salarios no podemos vivir, no llegamos al día 20 y ya no tenemos margen para recortar gastos”, y anticipó que las medidas de fuerza “serán contundentes y se profundizarán si no hay respuestas”.

Desde el sector remarcan que el conflicto excede lo salarial y advierten sobre el impacto institucional: sostienen que la falta de financiamiento pone en riesgo el funcionamiento de la universidad pública, a la que consideran un pilar central del sistema democrático argentino.