El próximo jueves, el Senado intentará avanzar con una modificación sustancial de la Ley de Glaciares, norma sancionada en 2010 para establecer presupuestos mínimos de protección ambiental sobre los cuerpos de hielo y el ambiente periglacial. La iniciativa del Poder Ejecutivo se inscribe en el marco de los compromisos asumidos por la administración de Javier Milei con Estados Unidos en la denominada Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos.

El debate legislativo se produce luego de la firma, el 4 de febrero, del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, acuerdo suscripto con el gobierno estadounidense. En ese documento se expresa la intención de acelerar, simplificar o desregular los procesos de otorgamiento de permisos vinculados a la minería y al procesamiento de minerales estratégicos, en función de las respectivas normativas internas.

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Según el texto del acuerdo, ambas partes buscarán agilizar los aspectos regulatorios necesarios para facilitar proyectos relacionados con minerales críticos destinados a respaldar la fabricación de tecnologías avanzadas y de defensa. En ese contexto, la modificación de la Ley de Glaciares aparece alineada con la estrategia de garantizar el suministro de recursos considerados estratégicos para la industria tecnológica y bélica.

Otro punto central del entendimiento bilateral es la articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que el Gobierno presenta como herramienta para atraer capitales. El instrumento contempla el aprovechamiento de políticas existentes, incluyendo ese régimen, para acelerar el aseguramiento del suministro de minerales críticos, en cooperación con Estados Unidos y otros países vinculados al Foro sobre Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos.

El proyecto enviado al Congreso propone que no todas las formaciones con hielo permanente cuenten automáticamente con el mismo nivel de protección. En cambio, otorga a las provincias la facultad de definir, bajo sus propios criterios, qué zonas poseen relevancia hídrica. De esta manera, se modificaría el esquema de presupuestos mínimos ambientales vigente desde 2010.

La ley original fue fruto de un proceso legislativo extenso que incluyó un veto presidencial en su primera versión y posteriores debates hasta su aprobación definitiva. También fue objeto de cuestionamientos judiciales por parte de la provincia de San Juan y de la empresa Barrick Gold, que plantearon su inconstitucionalidad. En 2019, la Corte Suprema de Justicia rechazó esos planteos y ratificó la vigencia plena de la norma.

En esa sentencia, firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, el máximo tribunal sostuvo que los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben interpretarse de manera armónica, preservando el federalismo concertado y el modelo ambiental consagrado en la reforma de 1994.

Especialistas en derecho ambiental advierten que la reforma implicaría trasladar la definición sobre qué constituye un glaciar o un ambiente periglacial protegido desde criterios técnicos a decisiones políticas provinciales. También señalan que podría debilitar el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que actualmente actúa como autoridad técnica en la materia.

En paralelo, el Gobierno impulsa modificaciones en la normativa que regula la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras, eliminando límites previamente establecidos. De acuerdo con datos oficiales, ciudadanos y empresas de Estados Unidos concentran alrededor de 2,7 millones de hectáreas en el país.

En el plano productivo, la discusión se vincula con proyectos de gran escala como Los Azules, El Pachón, MARA y Josemaría, impulsados por consorcios internacionales y respaldados por entidades financieras globales. La expectativa oficial es aprovechar la creciente demanda internacional de cobre y otros minerales críticos, proyectada al alza en la próxima década.

Investigadores y organizaciones especializadas sostienen que el debate excede la cuestión minera y remite a la estrategia de desarrollo. Plantean que, sin exigencias claras en materia de infraestructura, encadenamientos productivos y transferencia tecnológica, el esquema podría consolidar un patrón de especialización centrado en la exportación de materias primas.

Con la reforma en agenda y los acuerdos internacionales ya firmados, el eje de la discusión se desplaza hacia el equilibrio entre la atracción de inversiones, la protección ambiental y el alcance del federalismo en la gestión de recursos estratégicos. La votación prevista en el Senado marcará un punto de inflexión en esa disputa.