El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse la contratación de un alquiler de oficinas por más de 700 millones de pesos para su cartera, en un contexto en el que el Gobierno promueve un programa para reducir erogaciones en inmuebles estatales.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el ministerio avanzó con una contratación directa por adjudicación simple para alquilar cuatro pisos en un edificio ubicado en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el expediente, se presentó una única oferta, correspondiente a la firma OTOBA S.A., que fue recomendada por resultar “admisible y económicamente conveniente”.

La orden de compra fue firmada por Sturzenegger el 30 de noviembre de 2025. El canon mensual total fijado para los cuatro pisos asciende a 60 millones de pesos, es decir, 15 millones por cada uno. El contrato contempla una superficie estimada de 1.000 metros cuadrados por piso y seis cocheras por planta. En términos globales, el monto total del alquiler alcanza los 720 millones de pesos, equivalente a unos 480.000 dólares al tipo de cambio de referencia consignado en el expediente.

El valor locativo fue determinado por el Tribunal de Tasación de la Nación, que estableció el canon mensual en función de la tasación oficial. Sin embargo, el pliego aclara que el precio ofertado no incluye expensas ordinarias. Además, el contrato dispone que tanto esas expensas como los servicios —electricidad, gas y otros consumos— estarán a cargo del Estado, mientras que las expensas extraordinarias corresponderán a la locadora. Esto implica que el costo real para el Estado podría superar el monto del alquiler informado.

La decisión generó cuestionamientos dentro del propio oficialismo debido a que el expediente menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado sobre la necesidad de cumplir con el programa “Alquiler Cero”, iniciativa orientada a evitar nuevas contrataciones locativas y priorizar el uso de inmuebles estatales disponibles.

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ha presentado el plan “Alquiler Cero” como parte de su política de ajuste y reducción del gasto público. En esa línea, distintas áreas difundieron la eliminación de contratos de alquiler y cocheras en dependencias estatales.

La revelación de este contrato se produce pocos días después de que trascendiera otro expediente que involucra a la Cancillería y a una asociación dirigida por la esposa de Sturzenegger, por un monto superior a los 100 millones de pesos. En ese marco, el nuevo alquiler profundiza las críticas y reabre el debate sobre la coherencia entre el discurso oficial de austeridad y determinadas decisiones administrativas.