Después de más de un mes de incendios forestales incontrolables en la Patagonia, que ya arrasaron más de 230 mil hectáreas y provocaron pérdidas irreparables en parques nacionales —patrimonio natural de valor mundial—, el Gobierno nacional finalmente reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea.

La decisión se tomó tras una creciente presión pública por la magnitud del desastre ecológico y social. Durante la mañana, en Casa Rosada se hablaba de la posibilidad de emitir un decreto; recién cerca de las 20, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de su cuenta de X que el DNU sería firmado, quedando oficializado este jueves.

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En paralelo, el Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial una resolución que dispone el envío de fondos a las asociaciones de Bomberos Voluntarios. El monto total asciende a 100.000 millones de pesos, a distribuirse entre 1.062 asociaciones, con una asignación cercana a los 95 millones de pesos para cada una. Las entidades que nuclean a las federaciones provinciales recibirán, en conjunto, más de 7.700 millones de pesos.

Sin embargo, distintas organizaciones ambientales y pobladores de las zonas afectadas advierten que los recursos son insuficientes y llegan tarde. El daño ambiental ya es irreversible y el fuego continúa avanzando, especialmente en la provincia de Chubut, donde el combate depende de brigadistas y bomberos con salarios bajos, escaso equipamiento y condiciones laborales precarias.

El anuncio oficial y la posterior reunión en Casa Rosada se produjeron luego de que el Gobierno evaluara el creciente impacto negativo del tema en la imagen presidencial. Aun así, desde Balcarce 50 confirmaron que Javier Milei no tiene previsto viajar a las zonas afectadas. El Presidente se limitó a difundir en redes sociales un flyer que destaca la presencia de brigadistas, aeronaves y el envío de fondos, presentándolo como un “operativo federal histórico”.

En la reunión de la mesa política participaron, entre otros, Manuel Adorni; Karina Milei; Luis Caputo; Diego Santilli; Patricia Bullrich; Martín Menem (vía Zoom) y Santiago Caputo. Allí se discutió también la posibilidad de incluir la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias, alternativa que finalmente fue descartada por los tiempos legislativos, lo que derivó en la firma del DNU.

El martes previo, los gobernadores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y La Pampa se habían reunido por primera vez desde el inicio de los incendios y coincidieron en pedir al Gobierno nacional que declare la emergencia de manera formal.

Desde el sector ambiental advierten que la situación se agravó tras la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego en 2025. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), esa decisión significó un retroceso clave, ya que el fondo garantizaba financiamiento específico y automático para la prevención y el combate de incendios. Además, el Presupuesto 2026 prevé una caída real del 71,6% en los recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, profundizando el desfinanciamiento.

En este contexto, organizaciones sociales y ambientales señalan que, detrás del ajuste fiscal, también existen intereses extractivos, especialmente mineros, que desde hace años buscan avanzar sobre territorios de alto valor ambiental en la Patagonia. Los incendios, denuncian, facilitan ese avance en zonas devastadas.

Mientras tanto, el fuego sigue activo y quienes sostienen la primera línea del combate son brigadistas y bomberos agotados, con recursos limitados, enfrentando una de las peores crisis ambientales de los últimos años.