A dos semanas del inicio de los incendios en localidades como El Hoyo y Epuyén, la respuesta política del Gobierno nacional se concentra en el endurecimiento de penas, la búsqueda de culpables y la criminalización selectiva, aun cuando existen marcos legales vigentes que el propio Estado no aplica. La estrategia oficial apunta a correr el eje del debate y a invisibilizar el impacto del ajuste sobre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, debilitado por recortes presupuestarios sostenidos.

En lugar de fortalecer políticas de prevención y respuesta temprana, la agenda oficial incluye el intento de avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego, una modificación que abre la puerta a un retroceso normativo y habilita la especulación inmobiliaria y productiva sobre tierras incendiadas. En paralelo, el Gobierno impulsa cambios en la Ley de Glaciares que consolidan el retiro del Estado de áreas estratégicas para la protección ambiental. Mientras tanto, el presidente y gran parte de su gabinete siguen la crisis desde Buenos Aires, sin presencia sostenida en el territorio afectado.

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Desde la capital, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió mensajes en redes sociales en los que aseguró “supervisar” los operativos desde el Centro de Monitoreo de la Agencia Federal de Emergencias. En sus publicaciones reforzó un enfoque punitivista que contrasta con los datos presupuestarios: en 2024, la ejecución del Servicio Nacional de Manejo del Fuego fue, en términos reales, un 81 por ciento menor que en 2023, mientras que en 2025 el recorte alcanzó el 70,8 por ciento. Las proyecciones para 2026 anticipan que, aun con ejecución plena, el presupuesto consolidará una caída real superior al 70 por ciento respecto de 2023.

Las declaraciones de Monteoliva también marcaron un retroceso frente a las acusaciones iniciales del propio Ministerio, que había vinculado los incendios a supuestos grupos mapuches. Esa línea quedó debilitada luego de que el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, informara que la investigación judicial no halló indicios que vinculen el fuego con organizaciones estructuradas. Aun así, la ministra insistió en que se identificará y perseguirá penalmente a los responsables, manteniendo un discurso de mano dura que omite el rol del Estado en la prevención.

El enfoque punitivo es compartido por gran parte de la dirigencia libertaria. La vicepresidenta Victoria Villarruel propuso agravar las penas por incendios intencionales mediante una reforma del Código Penal y reclamó mayor coordinación entre Nación y provincias. Aunque se diferenció del presidente Javier Milei al viajar a Epuyén, ambos coinciden en una mirada que prioriza el castigo por sobre la planificación ambiental y la inversión preventiva.

En la misma línea, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respaldó la incorporación del delito de ecocidio al Código Penal y el endurecimiento de las sanciones. El proyecto fue presentado en el Senado por la legisladora Edith Terenzi y busca que las penas reflejen el daño ambiental causado. En medio de las tensiones, el Gobierno nacional confirmó el envío de Aportes del Tesoro Nacional para atender la emergencia, luego de las críticas públicas de Torres por la subejecución de partidas destinadas a la prevención.

Del lado de la oposición, se presentaron proyectos para declarar la emergencia ambiental y otorgar un bono a los brigadistas que combaten el fuego en la Patagonia, quienes trabajan extensas jornadas con salarios que rondan los 860 mil pesos. Sin embargo, estas iniciativas no podrán tratarse hasta marzo, cuando comience el período ordinario del Congreso, ya que durante febrero la agenda quedará limitada a los temas impulsados por el Ejecutivo.

Especialistas advierten que el problema es estructural. El abogado ambientalista Enrique Viale sostuvo que la crisis expone la falta de una mirada integral sobre la cuestión socioambiental y alertó sobre el negacionismo climático y el desfinanciamiento estatal. También cuestionó a la oposición por no colocar el ambiente en el centro del debate político y advirtió que la ofensiva contra la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares responde a una misma lógica de retiro del Estado y apropiación del territorio por intereses concentrados.

Mientras las llamas siguen activas y los daños ambientales se profundizan, el debate público se desplaza hacia el castigo y las reformas regresivas, dejando en segundo plano las políticas de prevención que podrían haber evitado un desastre anunciado.