La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei, pero el oficialismo sufrió un revés político significativo: la oposición logró rechazar por completo el capítulo 11, que contemplaba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos normas que el Ejecutivo viene incumpliendo y que ya habían sido ratificadas por el Congreso tras el veto presidencial.

La sesión comenzó a las 14 y se extendió hasta la madrugada. Pese a intensas negociaciones encabezadas por Lule Menem y Diego Santilli, que incluyeron concesiones a gobernadores y bloques aliados, el oficialismo no consiguió los votos necesarios para sostener ese tramo del articulado. El capítulo fue rechazado con 123 votos negativos contra 117 afirmativos y dos abstenciones.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM.

👉  https://t.me/noticiasconenfoqueprensa

Ofrecemos lo más relevante en noticias. 

Se trata de la tercera derrota del Gobierno en menos de seis meses en torno a estas leyes, si se contabilizan su sanción original, la insistencia parlamentaria posterior al veto y ahora el intento de derogarlas a través del Presupuesto. En la misma votación también se rechazó la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones familiares, así como restricciones a la ley de zona fría.

Envalentonado tras el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó profundizar el ajuste y avanzar con la eliminación de normas que habían sido aprobadas con mayorías agravadas en ambas Cámaras. Sin embargo, la estrategia fracasó incluso entre aliados circunstanciales: la diputada catamarqueña Fernanda Ávila votó en contra del capítulo 11, al igual que los tres legisladores tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.

En un intento de último momento por evitar el rechazo total, el Gobierno incorporó al capítulo cuestionado la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, administrado por el Consejo de la Magistratura. La maniobra fue duramente cuestionada por la oposición. “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que no judicialice el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Es una extorsión”, denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Las abstenciones de los radicales Juan Carlos Cipolini y Gabriela Schneider resultaron determinantes para inclinar la balanza. Desde la oposición, la diputada Cecilia Moreau celebró el resultado: “Quisieron jugar sucio y les salió mal. Logramos sostener las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. Son leyes votadas y ratificadas por el Congreso y deben aplicarse”.

Durante el debate, varios legisladores advirtieron que, de aprobarse, el capítulo sería judicializado. Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés señalaron que la maniobra violaba el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera, que prohíbe que el Presupuesto contenga disposiciones de carácter permanente o que reforme o derogue leyes vigentes.

Por su parte, el diputado Cristian Ritondo acusó al Gobierno de haber negociado cargos en la Auditoría General de la Nación a cambio de apoyo parlamentario. “Se cambió sensibilidad social por la Auditoría”, afirmó. Finalmente, con la caída del capítulo completo, el PRO también perdió el compromiso oficial de avanzar con el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que había sido parte de las negociaciones previas.