El Gobierno nacional introdujo modificaciones de último momento en el Proyecto de Presupuesto 2026 con el objetivo de desfinanciar a las universidades públicas y al sistema de prestadores en discapacidad. Con esos cambios, el oficialismo logró este martes el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y avanzó en una estrategia que apunta a derogar dos leyes clave sancionadas este año por el Congreso.

A través de artículos incorporados directamente en el texto del presupuesto, el oficialismo propone dejar sin efecto las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas por amplias mayorías en Diputados y en el Senado, e incluso ratificadas por más de dos tercios tras los vetos presidenciales.

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La maniobra tomó por sorpresa a la oposición y a los sectores involucrados, ya que el proyecto presupuestario contaba con dictamen previo y las modificaciones fueron presentadas en la antesala de la reunión de comisión. En concreto, el artículo 75 del nuevo dictamen deroga las leyes 27.793 y 27.795, que establecían la emergencia en discapacidad y el financiamiento del sistema universitario.

Si bien el presidente Javier Milei había promulgado ambas normas antes de las elecciones generales de octubre, su aplicación quedó virtualmente suspendida por la falta de asignación de partidas. El Ejecutivo argumentó en reiteradas ocasiones que el Congreso no había definido el origen de los fondos y, en paralelo, otorgó aumentos discrecionales que quedaron muy por debajo de lo previsto por las propias leyes.

Desde el ámbito universitario advirtieron que la decisión vuelve a encender un clima de tensión. “Están llevando a la comunidad educativa otra vez a un conflicto”, afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA. Además, recordó que el Gobierno fijó de manera unilateral los aumentos para 2026 y continúa sin convocar a la discusión paritaria.

En relación con la Emergencia en Discapacidad, la polémica se intensificó tras un reciente fallo de la justicia federal de Campana que obliga al Estado a aplicar la ley y garantizar los fondos necesarios para recomponer la situación de prestadores e instituciones afectadas por el ajuste desde diciembre de 2023. Según referentes del sector, el intento de derogación aparece como una respuesta directa a esa resolución judicial.

El dictamen también incorpora el artículo 77, que modifica la ley 13.478 y elimina la posibilidad de otorgar pensiones a personas con Certificado Único de Discapacidad, otro de los derechos contemplados en la norma de emergencia. Desde organizaciones y prestadores denunciaron que la iniciativa busca desmantelar el sistema de apoyo y asistencia.

Desde el peronismo anticiparon un rechazo total al proyecto y aseguraron que trabajarán para construir una mayoría que restituya ambas leyes. La atención ahora está puesta en la postura que adoptarán los bloques de la oposición dialoguista y los aliados del oficialismo, que semanas atrás acompañaron estas normas con amplio consenso.