Las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, reavivaron el debate sobre la opacidad de la ayuda financiera que terminó beneficiando al gobierno de Javier Milei durante la última elección. Bessent dijo abiertamente que la operación no fue un rescate en el sentido tradicional sino “un swap de monedas” que, además de estabilizar el mercado, “hizo dinero” para el contribuyente norteamericano.

Fuentes del mercado estiman que la intervención de octubre rondó los 2.000 millones de dólares, a lo que se sumarían casi 800 millones destinados al pago de vencimientos con el FMI, por lo que el volumen total aproximado de operaciones podría ubicarse entre 2.700 y 3.000 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial sobre las condiciones financieras: monto exacto del tramo activado, plazo, tasa o garantías.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM.

👉  https://t.me/noticiasconenfoqueprensa

Ofrecemos lo más relevante en noticias. 

Especialistas consultados por este medio describen un mecanismo que, en términos simples, explicaría cómo resultó la ganancia externa y el endeudamiento local. Primero, el Tesoro estadounidense habría ingresado dólares al mercado cambiario y cambiado esos dólares por pesos, que colocó en instrumentos (letras) que rinden intereses. Tras la elección, al activarse el swap, la Argentina quedó obligada a emitir deuda en dólares para canjear aquella letra, permitiendo al inversor retirar su ganancia en dólares sin afectar la brecha cambiaria.

El economista Cristian Buteler sintetizó la crítica planteada por la oposición: la operación terminó con ganancias para quien entró y salió del mercado y con mayor deuda externa para Argentina, mientras que las condiciones y costos financieros permanecen en la nebulosa. El diputado Carlos Castagneto pidió públicamente al ministro Luis Caputo que detalle la operatoria y clarifique si hubo “tasas privilegiadas” u otros términos preferenciales.

Más allá del aspecto financiero, Bessent agregó elementos políticos y geopolíticos a su relato: aseguró que la intervención sirvió para apuntalar electoralmente a Milei y dijo que el acuerdo incluyó promesas sobre la reducción de la presencia china en Argentina. Esas afirmaciones abrieron nuevos interrogantes sobre posibles condiciones no financieras del arreglo y sus efectos en la política exterior y comercial del país.

La ausencia de transparencia alimenta además riesgos reputacionales y legales: ¿qué derechos de cobro y cláusulas incluyen los instrumentos activados? ¿pueden exigirse vencimientos de forma inmediata? ¿qué impacto tendrán esos compromisos sobre la capacidad de financiamiento futuro del país? Analistas advierten que la falta de datos impide evaluar el verdadero costo fiscal y social de la operación.

En el plano político, la operación deja también una enseñanza sobre dependencia y riesgo: la trayectoria expuesta por Bessent sugiere que apoyos internacionales pueden ser condicionados y temporales, con efectos de largo plazo en la deuda pública. Entre la sociedad y la oposición crece la demanda por transparencia: informes, contratos y cronogramas que permitan conocer montos, contrapartidas y calendarios de pago.

Por ahora, las preguntas centrales —montos precisos del swap activado, tasas aplicadas, plazos, y eventuales obligaciones colaterales— siguen sin respuesta oficial. La exigencia de informes al Ejecutivo y la presión parlamentaria por auditar la operación se perfila como el próximo capítulo de esta controversia financiera que ya dejó, en palabras de dirigentes y analistas, un saldo de opacidad y deuda.