El Gobierno nacional incluyó en el Presupuesto 2026 un artículo que habilita a las distribuidoras eléctricas a reclamar compensaciones por los congelamientos tarifarios aplicados desde enero de 2002. La medida, incorporada en el artículo 74, permitiría a las compañías demandar al Estado por supuestos ingresos no percibidos, lo que implicaría una carga potencial de 3.600 millones de dólares.

Según el texto enviado al Congreso, la Secretaría de Energía será la encargada de calcular las diferencias de ingresos “percibidos y los que hubieran correspondido” durante los años en que rigieron leyes de emergencia económica. Esa cifra serviría de base para compensar a las empresas nacionales, provinciales y municipales.

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El artículo cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, quien considera que la medida “repara distorsiones históricas” en el sistema energético. Sin embargo, organizaciones de usuarios y especialistas en defensa del consumidor alertaron sobre el impacto que podría tener tanto en las cuentas públicas como en las boletas de los usuarios.

“Si se aprueba la normativa tal como fue enviada, las distribuidoras podrán demandar al Estado nacional, generando un daño enorme para toda la población, que ya absorbió esos costos con los aumentos del servicio”, advirtió Fernanda Lacey, de la Unión de Usuarios y Consumidores.

En el mismo sentido, Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), sostuvo que el Gobierno “quiere reconocer una deuda de 3.600 millones de dólares” con Edenor y Edesur, a lo que se sumarían futuras compensaciones para las distribuidoras provinciales. “Después de las elecciones, varios gobernadores con deudas con Cammesa seguramente apoyarán estas medidas para equilibrar sus cuentas”, advirtió.

Las entidades de defensa del consumidor presentaron un documento al Congreso en el que califican la iniciativa como una “pretensión abusiva y desproporcionada”, que viola los principios del derecho y pone en riesgo el patrimonio del Estado. Además, alertan que el precedente legal abriría la puerta a nuevas demandas de empresas privatizadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

“El reconocimiento del Estado a favor de las distribuidoras implica una renuncia implícita a los efectos protectores de las leyes de emergencia económica”, remarcaron desde la comisión de usuarios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que pidió la eliminación del artículo 74 por considerarlo “legalmente improcedente”.

Bussetti agregó que las tarifas “ya están dolarizadas” y que los últimos aumentos validados por el Ejecutivo “superan la inflación”, lo que demuestra, según dijo, que el Presupuesto 2026 busca consolidar una política energética orientada a favorecer a las grandes empresas a costa de los usuarios y de las cuentas públicas.