El Senado propinó al gobierno de Javier Milei una derrota categórica: convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, mientras que derogó decretos que afectaban organismos estratégicos como el INTA, INTI, Vialidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos y distintas instituciones culturales. La votación dejó al oficialismo prácticamente en soledad, con un resultado que la oposición calificó como un “7 a 0” parlamentario.

El financiamiento universitario fue sancionado por segunda vez en dos años, tras haber sido vetado en 2024 por Milei. Esta vez, obtuvo 58 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, superando los dos tercios necesarios para resistir un eventual nuevo veto presidencial. La norma asegura la reapertura de paritarias, garantiza fondos para el funcionamiento de las universidades, becas y proyectos científicos, y crea un fondo especial indexado por inflación para fomentar la inscripción en carreras estratégicas.

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En paralelo, el Senado aprobó la emergencia pediátrica con 62 votos afirmativos y 8 negativos. La medida declara la emergencia en el área por un año, habilita la compra directa de insumos con financiamiento estatal, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y contempla mejoras salariales para médicos y residentes, incluyendo la exención de Ganancias en horas extras y guardias.

La sesión también estuvo marcada por la anulación de cinco decretos firmados por el Ejecutivo, considerados por las cámaras como un “exceso en el uso de facultades delegadas”. Se trataba de normas que desregulaban y reducían el alcance de organismos públicos clave. Entre ellos, el 462/25, que reorganizaba al INTA y al INTI; el 461/25, que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad; el 351/25, que modificaba la estructura del Banco Nacional de Datos Genéticos; y el 345/25, que intervenía organismos culturales. Además, fue rechazado el DNU 340/25 sobre la marina mercante.

Los rechazos se dieron con mayorías contundentes, como en el caso del decreto sobre Vialidad, que fue derrotado por 60 votos contra 9. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) denunció, sin embargo, que el Gobierno ya había despedido a 367 trabajadores del INTA pese al rechazo legislativo. Desde la oposición, Wado de Pedro advirtió que alterar el Banco de Datos Genéticos era “complicidad con la dictadura” y un obstáculo en la búsqueda de los nietos apropiados.

Durante el debate, se escucharon discursos encendidos. El senador Martín Lousteau cuestionó el ajuste en la universidad pública, recordando que los salarios docentes perdieron un 30% de poder adquisitivo y se ubican por debajo de los niveles de 2002. Por su parte, Luis Juez habló desde la experiencia personal sobre el Garrahan: “La única esperanza que tenemos los padres cuando nuestros hijos tienen problemas es el Garrahan. Nadie puede callarse frente a esto”.

En contraste, la senadora Carmen Álvarez Rivero, que días atrás había dicho “no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan”, ensayó un pedido de disculpas y justificó su rechazo a la emergencia pediátrica bajo el argumento de que “primero deberían construirse hospitales en todas las provincias”.

El propio Javier Milei reaccionó en redes sociales durante la sesión. “El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y su objetivo es quebrar al país”, escribió, al tiempo que acusó a los senadores de aumentarse los sueldos mientras frenaban su programa económico. La acusación generó cruces en el recinto: José Mayans lo tildó de “mentiroso” y cuestionó a la actriz Virginia Gallardo, quien había difundido la versión oficial sobre los haberes legislativos.

La derrota expuso la debilidad del oficialismo, que contó con muy pocos apoyos: Carolina Losada (UCR), Carmen Álvarez Rivero y Enrique Goërling Lara (PRO), además del libertario Francisco Paoltroni. Juan Carlos Romero optó por la abstención.

Afuera del Congreso, el clima fue igual de tenso. Cientos de trabajadores del Garrahan, de universidades, del INTA, INTI y otros organismos públicos marcharon para respaldar las leyes debatidas en el recinto. La Prefectura respondió con gases lacrimógenos y la Policía Federal desplegó un carro hidrante para dispersar a la multitud, en un nuevo capítulo de represión a la protesta social.

La oposición celebró lo que calificaron como un freno político al plan de ajuste de Milei. Con las leyes aprobadas y los decretos anulados, el Presidente enfrenta un escenario en el que sus principales reformas sufren derrotas consecutivas y su margen de maniobra en el Congreso se achica cada vez más.