El juez federal Jorge Gorini resolvió este martes otorgar la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años en la causa Vialidad, y dispuso que cumpla la pena en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La decisión fue notificada por videollamada y apunta, según fuentes judiciales, a desactivar la movilización convocada por militantes para acompañarla a Comodoro Py.

La resolución impone condiciones precisas. “Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”, establece el fallo. Además, se le ordenó presentar en 48 horas una nómina con “las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan”, quienes podrán ingresar sin autorización judicial.

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El Tribunal encomendó la colocación de una tobillera electrónica a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, y dejó sin efecto la citación para que se presente este miércoles en Comodoro Py. También se designó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal para supervisar el cumplimiento de la medida.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron a la domiciliaria. Alegaron que “el arresto en domicilio es una excepción” y que la expresidenta “no padece ningún problema de salud que justifique concederle ese beneficio”. También recordaron que habían rechazado un pedido similar del extitular de Vialidad, Nelson Periotti, pese a su delicado estado de salud.

El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, argumentó que la exmandataria “fue víctima de un intento de magnicidio cuyos autores intelectuales hasta podrían tener algún tipo de relación con las máximas autoridades políticas a cargo del Ministerio de Seguridad”, en alusión al entorno de la ministra Patricia Bullrich. También remarcó que el Estado está obligado a garantizarle custodia permanente por su rol institucional.

Según trascendió, el Gobierno de Javier Milei habría intervenido para evitar el impacto político de una marcha masiva en apoyo a la exmandataria. “Sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por zoom”, declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, se informó que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mantuvo conversaciones con los jueces del TOF 2 para facilitar una resolución antes del miércoles.

Con la decisión ya tomada, resta conocer si las organizaciones que impulsaban la movilización mantendrán la convocatoria.