Luego de celebrar una modesta victoria electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional intensificó su ofensiva política y económica con una batería de medidas que incluye una nueva reforma laboral por decreto, restricciones drásticas al derecho a huelga, un blanqueo de capitales sin ley, mayor flexibilización en la tenencia de armas y una represión que dejó más de 80 heridos frente al Congreso. En paralelo, la Casa Rosada avanza hacia un rediseño del Estado que implicará miles de despidos, tras la reciente degradación de las secretarías de Derechos Humanos y de Cultura.

En el centro de la avanzada oficialista aparece la virtual prohibición del derecho a huelga, escondida en un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial como parte de la desregulación de la marina mercante. La norma retoma e incluso profundiza los intentos del DNU 70/23, declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El nuevo texto ignora aquel fallo y establece que los llamados “servicios esenciales en sentido estricto” —como salud, energía, telecomunicaciones, transporte y educación— deberán garantizar al menos un 75% de actividad, lo que de hecho anula la posibilidad de huelgas legales.

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Además, se crea una nueva categoría de “servicios de importancia trascendental” que exige una cobertura mínima del 50%. Incluye desde la industria farmacéutica y la actividad bancaria hasta los servicios hoteleros, frigoríficos, mineros y agropecuarios. Todo un abanico de sectores cuya protesta podrá ser calificada como ilegal por una “comisión de garantías” que el Poder Ejecutivo podrá integrar y controlar sin restricciones. Esa comisión tendrá incluso la facultad de sumar nuevas actividades a las ya enumeradas, con la sola firma de funcionarios, si considera que están en juego objetivos tan amplios como “la salud, la seguridad o metas de recaudación fiscal”.

“El mensaje ya está dado”, advierten fuentes sindicales: aunque el decreto pueda ser judicialmente cuestionado, su efecto inmediato es disuadir la protesta. El Gobierno busca empoderar a los empresarios, limitar las paritarias —ya por debajo de la inflación— y acorralar a los trabajadores. La estrategia es clara: disciplinar la creciente conflictividad social con más poder para los patrones puertas adentro y con represión en la calle.

La represión del último miércoles frente al Congreso, que dejó 82 heridos y periodistas golpeados y detenidos, refuerza esa lógica. “La gente va a hacer algo antes de morirse de hambre”, dijo el propio presidente Javier Milei. Una frase que expone el riesgo que implica criminalizar la protesta social en medio de un ajuste feroz. La historia argentina demuestra que cuando los derechos están cercenados, los estallidos no se evitan, solo se postergan. Como se repite en los movimientos sociales, “las leyes que regulan la protesta no son para proteger a los trabajadores: son para proteger a los de arriba”.

A la ofensiva contra los derechos laborales se suma un blanqueo de capitales que el Gobierno anunciará sin pasar por el Congreso, una nueva señal hacia los sectores concentrados. En el mismo paquete, se anunció la flexibilización en la tenencia de armas, con lo que el Ejecutivo suma otro gesto a sus bases más radicalizadas. Mientras tanto, avanza el desmantelamiento de estructuras del Estado como antesala de un recorte masivo de empleos públicos, bajo el paraguas de la “reforma del Estado”.

La lectura política del resultado electoral muestra que La Libertad Avanza capitaliza votantes del PRO, pero empieza a alejarse del electorado popular que la acompañó en sus primeros pasos. Alineado sin matices con los intereses de Washington y las grandes fortunas locales, el proyecto de Milei parece alejarse de la novedad que supo representar para volverse una versión más radical del viejo antiperonismo. Y la historia, en la Argentina, suele repetirse: “cuando se acaban los dólares, se acaba el gobierno”.