García-Mansilla, quien había jurado en un acto secreto el pasado 27 de febrero, envió su carta de dimisión a Milei, en la que justificó haber aceptado el cargo en comisión por la “urgencia institucional” de cubrir vacantes en el máximo tribunal. También intentó defenderse de las acusaciones de falta de idoneidad moral que esgrimieron senadores opositores, quienes le reprocharon haber cambiado su postura previa respecto de las designaciones por decreto.

"En la audiencia pública del Senado expliqué que existen antecedentes históricos y jurisprudenciales que avalan los nombramientos en comisión", señaló en su carta, intentando matizar su rechazo anterior a ese mecanismo en 2015.

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La renuncia se produjo en un contexto de creciente presión política y judicial. Horas antes, el Gobierno había presentado un per saltum para intentar frenar la cautelar de Ramos Padilla, lo que fue leído en Tribunales como un intento desesperado por sostener a García-Mansilla o, al menos, darle una salida decorosa.

El viernes pasado, tras la derrota en el Senado —donde su pliego fue rechazado por 51 votos—, García-Mansilla dejó de asistir a su despacho en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, que había mandado a remodelar apenas asumido. Aunque había trascendido que consultaría a sus colegas de la Corte sobre su continuidad, finalmente no lo hizo.

El único miembro del tribunal que se pronunció públicamente fue Ricardo Lorenzetti, quien recordó que "nunca" aceptaría ser designado por decreto y calificó la decisión como "personal" del renunciante.

Durante su corto paso por la Corte Suprema, García-Mansilla firmó 214 fallos y más de 30 resoluciones administrativas, aunque ahora se esperan planteos de nulidad sobre esas decisiones. Entre sus intervenciones, votó a favor del rechazo de la licencia solicitada por Ariel Lijo —también designado en comisión— y suscribió fallos polémicos, como el sobreseimiento del juez Pedro Hooft, acusado de complicidad en delitos de lesa humanidad, y el rechazo de la calificación de travesticidio en el crimen de la activista trans Diana Sacayán.

Además, su nombramiento había sido objetado por varias organizaciones de la sociedad civil, que reclamaron ante la Justicia la inconstitucionalidad de las designaciones por decreto. Ramos Padilla, al hacer lugar a la medida cautelar, sostuvo que esos nombramientos “comprometen la estructura del sistema democrático y republicano”, evadiendo los consensos requeridos.

La breve gestión de García-Mansilla dejó además tensiones internas en el máximo tribunal y reavivó el debate sobre la necesidad de respetar el procedimiento constitucional de designación de jueces de la Corte, que exige acuerdo del Senado.