En una sesión cargada de tensión política e institucional, el Senado de la Nación rechazó este jueves los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Con 43 votos en contra para Ariel Lijo y 51 para Manuel García Mansilla, la Cámara Alta desechó por mayoría calificada ambas postulaciones, impulsadas por el presidente Javier Milei a través del decreto 137, que los designaba en comisión sin aval legislativo. El resultado representa un duro revés para el Gobierno nacional, que queda sin margen para concretar su objetivo de conformar una Corte afín.

Desde el mediodía, en la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque ya anticipaban un escenario adverso para el oficialismo. La oposición consiguió reunir el quórum con 38 senadores presentes, gracias a la asistencia de 33 integrantes de Unión por la Patria, dos radicales —Martín Lousteau y Pablo Blanco—, dos representantes del PRO —Victoria Huala y Alfredo De Angeli— y Francisco Paoltroni, quien fue expulsado del bloque libertario. El oficialismo, en cambio, mantuvo una postura renuente a sesionar, al punto que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se negó a presidir el debate. La senadora Silvia Sapag (UP) debió asumir esa función para iniciar formalmente la sesión, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel —a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos— permaneció en su despacho sin intervenir.

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El clima en el recinto fue áspero desde el inicio. “¡Vamooos! ¡Vamos que las Malvinas son Argentinas! Esto es hacer patria, viejo”, exclamó Juliana Di Tullio al ingresar, dirigiéndose al radical fueguino Pablo Blanco. El bloque oficialista no sólo evitó defender enérgicamente a los postulantes, sino que algunos de sus propios aliados optaron por abstenerse o votar en contra. En el caso de García Mansilla, el rechazo superó incluso los dos tercios del cuerpo, lo que dejó sin efecto su designación en comisión. En los pasillos del Congreso se hablaba de una posible renuncia del académico, quien ya había firmado más de 50 fallos como cortesano. Uno de ellos fue una resolución en la que evitó pronunciarse sobre el travesticidio de Diana Sacayán.

La votación expuso las profundas diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso. “¡Es absolutamente inconstitucional! No puede nombrar jueces por decreto. ¡No puede! El señor Mansilla está usurpando el cargo. No es legítimo”, denunció el formoseño José Mayans, jefe del interbloque de UP, quien también apuntó contra la Corte por haberle tomado juramento: “¡Señores de la Corte, dejen de violar la Constitución!”. En la misma línea, el pampeano Daniel Bensusán remarcó que “el rechazo de los pliegos significa el rechazo al decreto 137”, mientras la mendocina Anabel Fernández Sagasti advirtió sobre posibles maniobras de cooptación: “Sepan que me van a tener a mí y a mi bloque denunciando a cada senador y cada senadora que se deje comprar por el Ejecutivo”.

El rechazo fue transversal. “Hace 115 años que no pasaba una barbaridad de esta índole”, expresó Lousteau, aludiendo a los intentos del Ejecutivo por avanzar sin aval parlamentario. Desde el PRO, Guadalupe Tagliaferri sostuvo que “me resulta inadmisible acompañar una Corte sin mujeres, como también respaldar a dos candidatos que decidieron pasar por arriba de la Constitución”, mientras De Angeli señaló que aunque votaría a García Mansilla “con las dos manos”, no podía convalidar una violación a la Carta Magna.

El único discurso de defensa a las candidaturas provino del senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien, con dificultades para articular su argumento, consideró que “son absolutamente constitucionales las designaciones”, aunque admitió que “la constitucionalidad de los decretos la podemos discutir”. Su intervención fue interrumpida por el salteño Sergio Leavy, quien le informó que García Mansilla acababa de firmar fallos sin la aprobación del Senado. Minutos después, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para impedir que el académico continúe ejerciendo funciones en el tribunal y para frenar la eventual jura de Lijo.

La Casa Rosada respondió con un duro comunicado en el que insistió con su retórica contra el Congreso: “Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”. Sin embargo, ni siquiera sus aliados más cercanos salieron en defensa abierta del Gobierno. El radical Eduardo Vischi habló de “un proceso ininterrumpido de errores y flaquezas” que “está afectando directamente a la economía argentina”, y sostuvo que si el Ejecutivo realmente quiere mejorar la Justicia, “estamos acá para discutirlo”.

El resultado dejó al Gobierno sin los votos necesarios para avanzar con su estrategia sobre el Poder Judicial, pero además desató una crisis política e institucional sin precedentes. El decreto presidencial que designó a los candidatos sin acuerdo del Senado, las funciones ya asumidas por García Mansilla y el rechazo contundente de la Cámara Alta abren ahora un nuevo frente de conflicto para la administración Milei, que suma una nueva derrota en el frente parlamentario.