El escándalo por el token cripto $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y a su entorno, se traslada a la Cámara de Diputados luego de que el Senado rechazara cualquier intento de investigación. La oposición avanza con una serie de iniciativas, entre ellas, pedidos de juicio político, citaciones a funcionarios y proyectos para conformar una comisión investigadora. Mientras tanto, el oficialismo de La Libertad Avanza resta importancia a las denuncias y asegura: “No tienen nada”.

Tras una semana marcada por el debate en el Senado, donde se descartó la creación de una comisión investigadora y la citación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la oposición prepara una ofensiva en la Cámara baja. Unión por la Patria presentó un pedido de juicio político al presidente Milei. “La herramienta institucional, la que más se adapta a estas circunstancias, es el juicio político”, afirmó Germán Martínez, jefe del bloque peronista, durante una conferencia de prensa.

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Sin embargo, el avance del proceso no está exento de obstáculos. La comisión de Juicio Político es presidida por la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano, quien sostiene que “no hay causa para promover un juicio político”. Su designación había sido objetada en abril de 2024 por Karina Milei, que impulsaba a Bertie Benegas Lynch para ese puesto. La disputa interna derivó en la salida de Oscar Zago, por entonces jefe del bloque oficialista, quien había respaldado a Pagano tras una comunicación con el propio presidente Milei.

Otros bloques también se sumaron a la ofensiva. Democracia para Todos presentó proyectos para crear una comisión investigadora, solicitar informes y convocar a Francos. Desde Encuentro Federal, los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein impulsaron otro pedido de juicio político, mientras que Nicolás Massot pidió la comparecencia de Karina Milei, del vocero presidencial Manuel Adorni y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La UCR también se involucró, presentando un pedido de acceso a la información pública para que el Estado informe sobre los vínculos entre funcionarios y el token cripto. El proyecto lleva las firmas de Karina Banfi y Fabio Quetglas.

La Coalición Cívica sumó un proyecto de resolución para que Francos brinde explicaciones en el Congreso. Desde el PRO, en cambio, rechazaron de plano cualquier iniciativa de juicio político y señalaron: “A priori no acompañaríamos una comisión investigadora; dejaríamos que la justicia investigue”.

Mientras tanto, en Innovación Federal, su titular, Pamela Caletti, expresó: “Vamos a esperar que se aclare la situación y, si hay que tomar una posición, lo haremos en comisión o en el recinto”.

El oficialismo, por su parte, busca cerrar el capítulo y desestima las acusaciones. “No tienen nada”, aseguraron fuentes cercanas a La Libertad Avanza. Sin embargo, la oposición especula con una sesión para la primera semana de marzo, tras el inicio del período ordinario, para tratar los proyectos presentados. “Creo que cuanto más se nieguen a lo de la comisión investigadora, más presión habrá para avanzar en el juicio político”, deslizaron desde Encuentro Federal.

Mientras el Congreso define los próximos pasos, la Justicia comenzó a intervenir. El desenlace del escándalo cripto $Libra podría convertirse en un desafío clave para el Gobierno en el inicio del año legislativo.