La conflictividad en el sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue escalando en un contexto marcado por reclamos cruzados entre empresas, trabajadores y el Gobierno. Las cámaras de transporte redoblan su presión para obtener un aumento en los subsidios o en el precio del boleto, argumentando una caída del 12% en sus ingresos durante el último año y el envejecimiento de la flota. Sin embargo, las autoridades descartan que esto esté en análisis y denuncian "operaciones" por parte de las compañías.

El conflicto comenzó a agravarse en noviembre, cuando la Secretaría de Transporte pospuso la elaboración de una estructura de costos prometida como parte del acuerdo paritario con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Este reconocimiento, clave para las empresas, permitiría destrabar aumentos en los subsidios o en las tarifas.

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Desde las cámaras, advierten que la demora impacta directamente en su operatividad, señalando que el porcentaje de colectivos con más de diez años de antigüedad se duplicó en los últimos tres años, alcanzando el 33% de la flota. Además, denuncian que los subsidios actuales no compensan los costos y que el boleto, según ellos, está “desfasado” frente a la inflación.

La situación generó medidas de fuerza en los últimos meses. A mediados de diciembre, varias líneas del AMBA realizaron un paro por la falta de pago del aguinaldo, mientras que en enero algunas empresas amenazaron con un lock out patronal debido a atrasos en los giros de subsidios, una medida que finalmente fue desactivada por la intervención de la provincia de Buenos Aires.

En busca de soluciones, las cámaras presionaron por una reunión con la Secretaría de Transporte. Según fuentes del sector, el encuentro estaba previsto para este lunes, pero fue reprogramado para el próximo jueves. No obstante, desde el área dirigida por Franco Mogetta negaron que haya una reunión pautada, acusando a las empresas de "operar mediáticamente".

La tensión también se traslada al ámbito gremial. Jorge Kiener, secretario General Adjunto de la UTA, confirmó que ya solicitaron la apertura de paritarias en febrero. El gremio busca no solo actualizaciones salariales, sino también la reactivación del pago de compensaciones, congeladas desde octubre. "Habrá mucha presión del Estado para que las subas no superen la inflación", advirtió Kiener, quien evitó dar una cifra concreta para el reclamo.

Mientras tanto, las empresas admiten que las negociaciones con Transporte están "muy difíciles" y temen que el Gobierno mantenga su estrategia de priorizar la baja de la inflación, lo que dificultaría un reconocimiento de los costos actualizados del sector. Esto ocurre en un contexto donde ya se programaron audiencias para aumentar tarifas en servicios clave como luz y gas, lo que podría anticipar una reducción general de subsidios.

El escenario deja abierta la posibilidad de nuevos conflictos y paralizaciones en el transporte público del AMBA, a medida que trabajadores y empresas esperan definiciones que parecen cada vez más inciertas.