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13 de agosto de 2024

El gobierno de Milei avanza con la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas clave

Por: Carlos Rodriguez

Un decreto presidencial establece un plazo de 180 días para la venta de las plantas y renueva concesiones de otras centrales hidroeléctricas.

El gobierno de Javier Milei ha reactivado el proceso de privatización de cuatro importantes centrales hidroeléctricas en el país. Mediante un decreto publicado esta mañana, se dispone un plazo de 180 días para la venta de los activos mayoritarios o controlantes de los complejos ubicados en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro. Además, se renovaron de facto los contratos de concesión de otras centrales cuyo plazo había vencido.

Las centrales afectadas por el decreto 718/2024 son: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La norma, firmada por el Presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, ordena que en seis meses la Secretaría de Energía convoque a un concurso público nacional e internacional para la venta de las participaciones mayoritarias en estas instalaciones.

El decreto también ratifica y extiende los plazos de explotación de estas plantas, asegurando la continuidad de las operaciones mientras se organiza el nuevo concurso público. En la actualidad, las plantas están gestionadas por Orazul Energy (Cerro Colorados), ENEL Generación (El Chocón-Arroyito), AES SA (Alicurá) y Central Puerto SA (Piedra del Águila).

El documento aclara que las centrales, fundamentales para la conversión y distribución de energía eléctrica en la red nacional, fueron transferidas al sector privado y están en un período de transición. Anteriormente, las concesiones eran administradas por Enarsa (Energía Argentina NA) y NASA (Nucleoeléctrica Argentina SA), pero en esta ocasión, estas compañías estatales también están incluidas en el paquete de privatización, eliminando así la supervisión estatal directa sobre los nuevos procesos.

La Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía serán las autoridades responsables de definir los criterios de privatización, según establece el decreto.

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