El mandatario señaló que los gobernadores y las gobernadoras “entendieron lo importante que es que trabajemos juntos, que hay un país que nos reclama que trabajemos unidos, y que más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente”.

“Este acuerdo que estamos firmando habla de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante, y la responsabilidad no es de la que se hablaba años atrás cuando significaba ajustar, la responsabilidad es cómo vamos a crecer y la sensatez que tenemos que tener para poder crecer”, sostuvo.

“De lo que estamos hablando hoy es de cómo encarar el futuro juntos, ya no por el espanto que un virus nos genera, sino por la oportunidad que tenemos de construir nuestro propio destino. Tenemos una oportunidad única, ahora depende de nosotros”, recalcó Fernández.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Wado de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

De Pedro destacó el “espíritu de unidad del acuerdo” y señaló: “La pandemia nos dejó ver parte de los problemas estructurales que hay en la Argentina, uno de ellos es la concentración poblacional que tenemos alrededor del puerto de la provincia de Buenos Aires, y estamos dispuestos a invertir, a hacer obras, a trabajar fuertemente para que la Argentina deje de ser un país unipolar y seamos un país multipolar, para que cada argentino y cada argentina pueda crecer y desarrollarse en el lugar donde nació”.

El ministro de Economía, en tanto, consideró que el acuerdo “refleja una coherencia con un principio central para la Administración de trabajar por un federalismo mejor, por mayor equidad a nivel de todo el territorio y sobre la base de consensos, y de que resolver los problemas de la economía argentina debe ser una tarea colectiva”.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se mostró en desacuerdo con un impuesto a las Leliqs porque “va a encarecer el crédito” y remarcó que “el consenso de prácticamente la totalidad de los gobernadores transmite previsibilidad, da sustentabilidad, vuelca recursos a las provincias, y esto va en consonancia con hacer una Argentina más federal y que distribuya como corresponde”.

El Consenso Fiscal 2020, que se firmó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el Estado Nacional y los gobernadores de todas las provincias del país.

El acuerdo fue refrendado por los gobernadores y las gobernadoras de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y Tucumán, Juan Manzur.

En tanto, lo rubricaron en representación de Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo; por Santa Cruz, el vicegobernador Eugenio Salvador Quiroga, y por Santa Fe, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Y por Jujuy lo había hecho más temprano el gobernador Gerardo Morales, que no pudo participar del acto central por razones de agenda.

También estuvo presente el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mientras que el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no pudo participar por recomendación médica. Ambas provincias no firmaron el acuerdo, aunque manifestaron su apoyo, por no haber adherido al Consenso Fiscal 2017.

El acuerdo fija límites para la toma de deuda en dólares para promover el endeudamiento responsable y sostenible; suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado Nacional a partir de la entrada en vigencia del pacto, e incluye el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.