Durante horas, los pasillos y oficinas de los organismos estatales estuvieron más concurridos por efectivos de seguridad que por trabajadores. Desde temprano, los edificios de casi todos los ministerios fueron bloqueados por operativos de Prefectura, Policía de la Ciudad e incluso la Policía Aeroportuaria, como una forma abrupta de comunicar los despidos a miles de empleados públicos. Algunos ya habían recibido notificaciones durante el fin de semana largo, pero para otros, la confirmación llegó al encontrarse repentinamente en la calle. Bajo la lluvia matutina, los paraguas verdes y blancos de ATE Nacional y ATE Capital protegían a cientos de delegados y líderes sindicales que intentaban responder a la situación. Algunos lograron realizar asambleas en los halls de sus lugares de trabajo, mientras que otros optaron por realizar radios abiertas para denunciar lo que llamaron "el plan motosierra".

En el Ministerio de Capital Humano, uno de los más afectados, la militarización del lugar generó un clima de tensión. A pesar de los intentos de provocación por parte de las autoridades, se llevó a cabo un acto en la plazoleta de Moreno y Lima, mientras se continuaba la lucha por la reincorporación de los despedidos, incluyendo a trabajadores con enfermedades graves y ex combatientes de Malvinas. La magnitud de los recortes deja claro que no se trata simplemente de una reducción de la plantilla estatal, sino de un ataque a los derechos laborales en general.

En el ex Ministerio de Trabajo, los trabajadores lograron sortear el bloqueo policial y realizaron una asamblea dentro del edificio. Allí, figuras sindicales como Hugo Yasky y Sergio Palazzo se unieron en un llamado a la unidad y a la acción, sugiriendo incluso la posibilidad de un paro nacional. Mientras tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) anunció una acción de amparo colectiva para detener los despidos, argumentando la vulneración de derechos constitucionales.

La jornada también estuvo marcada por episodios de represión, como en el INADI, donde los trabajadores fueron dispersados por la policía cuando intentaban realizar una asamblea. En medio de este caos, se vivieron situaciones similares en varios organismos estatales, impidiendo su normal funcionamiento. Muchos empleados se enteraron de su despido al intentar acceder al sistema interno de gestión de expedientes.

La mayoría de los despidos afectaron a trabajadores con contratos precarios que el gobierno había extendido por tres meses, con la justificación de reducir gastos. Sin embargo, esta medida afecta a más de 50 mil trabajadores, que permanecen en una situación de incertidumbre. La precarización laboral parece ser una estrategia del gobierno para continuar con su plan de ajuste, aunque la falta de coordinación y los despidos arbitrarios muestran cierta improvisación en el proceso.

A pesar de las negociaciones en curso, los sindicatos estatales han convocado a un paro para este viernes, con la esperanza de revertir los despidos y poner fin a esta política de ajuste. Sin embargo, con la posibilidad de una nueva tanda de despidos en junio, el futuro sigue siendo incierto para miles de trabajadores estatales