Un año atrás los argentinos debieron modificar radicalmente sus costumbres y sus medios de vida a partir de la irrupción en el mundo del coronavirus, que obligó al presidente Alberto Fernández a implementar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), apenas ocho días después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara que se trataba de una pandemia.

El 19 de marzo de 2020, el Gobierno puso en marcha un ambicioso plan que, mientras restringía la circulación de los argentinos, apuraba el fortalecimiento en obras, logística y plan sanitario de un frágil sistema sanitario, que incluso carecía de un Ministerio de Salud, tras haber sido convertido en secretaría durante la anterior gestión de Cambiemos.

"Todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social, preventivo y obligatorio", anunciaba aquel miércoles por la noche el Presidente, que inicialmente adoptó la medida por 15 días -hasta fines de marzo-, pero luego debió ser renovada en forma sucesiva cada dos semanas.

A partir de la difusión de imágenes del colapso sanitario en países de Europa, donde los contagios y las muertes se multiplicaban en pocos días y los hospitales no daban abasto, el Gobierno estableció permisos de circulación para desplazarse más allá de la zona de residencia y sólo el personal definido como esencial podía trasladarse sin restricciones.

Con el correr de los meses, estas limitaciones a la circulación fueron flexibilizándose de manera paulatina, de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica en las regiones del país, pero en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuó hasta principios de noviembre, cuando logró llegar a la fase de "distanciamiento".