Trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron la decisión de las autoridades de iniciar sumarios a 40 empleados y avanzar con el despido de 11 de ellos, tras las protestas salariales realizadas en octubre pasado. En ese marco, anunciaron la presentación de un amparo sindical para impedir las cesantías y denunciaron una ofensiva política impulsada desde el Gobierno nacional.

Durante una conferencia de prensa realizada en la puerta del nosocomio, el secretario adjunto de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, sostuvo que las sanciones responden a una decisión tomada en la Casa Rosada y que los nombres de los despedidos ya circulaban antes de que los trabajadores fueran notificados formalmente. Aseguró además que se trata de un ataque dirigido contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.

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El conflicto se reavivó luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informara públicamente que el hospital solicitó el desafuero de 11 trabajadores, diez de ellos con protección gremial, con el objetivo de avanzar en los despidos. Desde la conducción del Garrahan se argumentó que las sanciones se deben a la ocupación de oficinas de la Dirección Médica el 31 de octubre de 2025.

Lipcovich rechazó esa versión y explicó que ese día los trabajadores reclamaban el respeto al derecho constitucional de huelga y el cese de los descuentos salariales por participar de medidas de fuerza. En ese sentido, remarcó que no aceptarán despidos ni suspensiones y que continuarán defendiendo los reclamos laborales.

Según el dirigente, la medida apunta a castigar a quienes lideraron protestas que derivaron en un aumento del 61 por ciento sobre el salario básico y el otorgamiento de un bono. Señaló además que el conflicto del Garrahan se convirtió en un antecedente incómodo para el Gobierno y advirtió que volverán a organizarse para revertir la situación.

En la misma línea se expresó la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, Norma Lezana, quien consideró que el hospital funciona como un “laboratorio” de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Denunció un proceso de disciplinamiento que limita la organización sindical y precariza las condiciones de trabajo.

Lezana recordó que durante la protesta de octubre se reclamaba una respuesta salarial luego de más de un año sin negociaciones y detalló que enfermeras e instrumentadoras cobraban alrededor de un millón de pesos, sufriendo fuertes descuentos por adherir a las medidas. También cuestionó que el Gobierno dé por consumados los despidos sin garantizar el derecho a defensa de los trabajadores.

La conferencia contó con la presencia de representantes de diversos gremios y organizaciones sindicales que manifestaron su apoyo. Además, los trabajadores anunciaron la realización de un Cabildo Abierto frente al hospital y una próxima asamblea general para definir un plan de lucha, en articulación con otras organizaciones que impulsan una movilización contra la reforma laboral cuando el tema sea tratado en el Congreso.