Hay una cadena que conecta cuatro decisiones que parecen separadas. El Decreto 941/2025 le dio a la SIDE la ciberinteligencia. El Súper RIGI le abre la puerta a las empresas de datos sensibles. La Disposición 7/2026 —que analizamos ayer— excluye a los proveedores que no sean "confiables" para Washington. Y Palantir, la empresa de Peter Thiel, es la que tiene el interés concreto en procesar los datos de la red troncal de ARSAT. Cada pieza encaja. La pregunta no es si Palantir quiere el data center: los trabajadores de la empresa ya lo denunciaron. La pregunta es quién vigila al que vigila.

El Decreto 941/2025 no fue una reforma menor. Firmado el 31 de diciembre de 2025, el último día hábil del año, modificó 41 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional. Creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia bajo la órbita de la SIDE, declaró "encubiertas" todas las actividades de inteligencia y habilitó al personal de inteligencia a "proceder a la aprehensión de personas" en flagrancia. La ciberinteligencia quedó bajo el control de Santiago Caputo. La lógica declarada fue separar la ciberseguridad de la ciberinteligencia. Pero la AFC es la que produce inteligencia a partir de los datos que circulan por las redes.

El Súper RIGI fue enviado al Congreso en mayo de 2026. Ofrece beneficios fiscales y cambiarios por 30 años a proyectos de más de USD 1.000 millones en inteligencia artificial, big data, defensa y ciberseguridad. Peter Thiel visitó la Casa Rosada en abril: se reunió con Milei, el canciller Quirno, el ministro Caputo y el presidente del Banco Central. Pocos días después, el proyecto ingresó a Diputados. Según Página/12, Thiel "asesoró a Javier Milei para redactar la ley" del RIGI. La oposición lo llama "un Súper RIGI a la medida de Peter Thiel".

La Disposición 7/2026 es el eslabón regulatorio. Exige la certificación SCS 9001 de la TIA, que no testea equipos y excluye a Huawei y ZTE por estar en las listas de sanciones de EE.UU. Es la que define qué proveedores pueden operar en las redes críticas. Si Palantir quiere acceder a los datos de la REFEFO, necesita que los equipos que procesan esos datos sean "confiables" según el estándar que Washington considera aceptable.

ARSAT tiene dos activos estratégicos. El data center de Benavídez y la Red Federal de Fibra Óptica: 34.500 kilómetros que atraviesan más de mil localidades y conectan a unos 18 millones de personas, en general en pueblos donde ninguna empresa privada habría tendido fibra. Según el delegado de ARSAT, Nicolás Zonta, el subsecretario de Estado para el control de armas, Thomas Dinanno, visitó el data center el 23 de abril: "Van a utilizar nuestro datacenter... para alojar los servidores destinados a la operación de los sistemas de ciberespionaje... a través de la empresa Palantir, del multimillonario Peter Thiel". Otro trabajador, Ezequiel McGovern, confirmó cinco visitas del Departamento de Estado en tres meses.

El interés técnico no es solo alojar servidores. Según las denuncias, Palantir apunta a instalar equipos en paralelo a la REFEFO, en las cajas de interconexión, con capacidad para analizar el tráfico y capturar los datos que circulan por la red. Eso le daría acceso a información sensible de millones de argentinos. Perfil lo planteó con precisión: la discusión no es comercial ni técnica, es "quién controla la herramienta con la que el país se habla a sí mismo".

El Congreso no es ajeno a la cadena. Hay proyectos de resolución en Diputados que piden informes sobre las reuniones con Thiel, sobre si la AFC tiene contactos con Palantir, sobre el traspaso del SINTyS a la Jefatura de Gabinete, sobre los "Acuerdos de Isaac" con Israel y sobre el sistema Maven que provee la empresa de Thiel. Hay también un proyecto para declarar a Thiel "persona non grata".

Palantir no respondió a las solicitudes de comentario. El CNC no defendió públicamente la Disposición 7/2026. El Gobierno no explicó por qué Thiel se reunió con cuatro funcionarios clave antes de que el Súper RIGI ingresara al Congreso. Lo que el informe puede decir con certeza es que hay un decreto que le dio a la SIDE la ciberinteligencia, un régimen de inversiones que favorece a las empresas de datos, una disposición que excluye a los proveedores no alineados con Washington, y una empresa que tiene el interés concreto en acceder a la red troncal de ARSAT. Lo que no puede decir es que el acuerdo esté firmado. Porque no lo está.

La soberanía digital no se pierde en un día. Se terceriza en una sucesión de decisiones que, cada una por separado, parecen técnicas. La pregunta no es si hay un plan. La pregunta es si alguien va a pedir verlo antes de que sea irreversible.

Por Sandra Sosa.

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