El Estado argentino acaba de delegar en una asociación privada estadounidense la definición de qué proveedor de telecomunicaciones es confiable. Lo hizo a través de la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, publicada el 6 de noviembre, que exige la certificación SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA) para el equipamiento de las infraestructuras críticas. Es obligatoria para el Sector Público Nacional y de adhesión voluntaria para el sector privado, pero el artículo 9 pide a ENACOM que evalúe extenderla a la homologación de todos los equipos que se venden en el país.

El problema no es el objetivo de fortalecer la ciberseguridad. Es el instrumento. El SCS 9001 no testea equipos: audita procesos de gestión de la cadena de suministro. La propia disposición lo admite en sus considerandos: la certificación "permite verificar las prácticas de fabricantes y proveedores, sin sustituir la evaluación técnica del equipamiento". Es decir, el Estado argentino sabe que el estándar no prueba que un dispositivo sea seguro. Lo adoptó igual como requisito obligatorio.

Y hay un filtro que no está en el texto de la norma pero está en la política de quien la administra: la TIA no admite en su proceso de certificación a ninguna empresa incluida en las listas de sanciones del Gobierno de Estados Unidos. Allí figuran Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. Ninguna fue evaluada técnicamente. Quedan afuera por origen. El regulador paraguayo lo admitió sin vueltas cuando le preguntaron si el requisito podía excluir fabricantes chinos: "¿Eso puede excluir a un fabricante? Sí, le puede excluir", dijo su director suplente, Víctor Martínez. Y agregó: "Si la TIA le va a otorgar o no esa certificación a determinados fabricantes, eso no está en manos de Conatel".

El marco es más grande que la disposición. Todo indica que la norma se inscribe en el Escudo de las Américas, la alianza que Trump fundó en marzo y cuya declaración conjunta de septiembre comprometió a los países firmantes a "promover normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital". Según Clarín, la medida responde a "un pedido expreso de la Casa Blanca".

El costo lo paga la conectividad del interior. Más de 1.200 PyMES y cooperativas armaron sus redes con Huawei y ZTE porque son los proveedores que cotizan a su escala. Uno de los principales operadores móviles del país tiene cerca del 70% de su infraestructura instalada con tecnología Huawei. En Neuquén, la cooperativa CALF había negociado un tendido de fibra y un data center con Huawei; la Embajada de EE.UU. presionó para que abandonara el acuerdo y amenazó a sus directivos con retirarles la visa. Fecosur advirtió que la norma "alcanzará a todas las cooperativas y pymes del país; nadie nos consultó antes de dictarla". Y el presidente de CABASE, Ariel Graizer, lo resumió: "Nuestras redes no se armaron ayer, sino que son el fruto de décadas de inversión de capital propio en equipamiento probado, homologado, que funciona y que está pago". En Costa Rica, un antecedente similar llevó a un aumento estimado del 40% en tarifas y la Justicia suspendió el decreto.

El financiamiento también viene de afuera. El Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad y la evaluación de la red de ARSAT se costean con un aporte no reembolsable de 15 millones de dólares del Departamento de Estado. Pero el acuerdo establece que "la Argentina deberá asumir los costos vinculados a la compra de hardware, licencias de software y el funcionamiento operativo general". Estados Unidos paga el diagnóstico; Argentina paga los equipos, el software y el personal. Y las alternativas a Huawei y ZTE son, en su mayoría, empresas estadounidenses o de países aliados.

El Gobierno no defendió públicamente la medida. El CNC, que la firmó a través de Walter Fabián Agüero, no emitió declaraciones. ENACOM indicó que "por ahora no tiene nada que decir". La única voz oficial que la respaldó fue la del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas: "Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica".

Las preocupaciones sobre los equipos chinos no son inventadas: la Comisión Europea les atribuye "riesgos materialmente mayores" y la ley china de 2017 obliga a las empresas a cooperar con la inteligencia estatal. Pero la respuesta argentina no evalúa esos riesgos: los presume por origen. Y eso no es ciberseguridad. Es geopolítica con formato de norma técnica. La pregunta no es si Argentina necesita proteger sus redes. Es si entregar la definición de "proveedor confiable" a una asociación extranjera es la forma de hacerlo.

Por Sandra Sosa.

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