La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Discapacidad luego de que el oficialismo aceptara modificar su propuesta inicial. Los cambios incorporaron reclamos de las organizaciones del sector y fueron negociados entre distintos bloques durante una extensa sesión. El proyecto contempla más garantías para las prestaciones y recursos adicionales, mientras sigue abierta la posibilidad de que el presidente Javier Milei lo vete.

La discusión se destrabó después de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, aceptara revisar el dictamen oficialista. El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, acercó las demandas de las organizaciones, mientras que representantes de Unión por la Patria impulsaron nuevas modificaciones. La redacción final se acordó con participación de legisladores de distintos bloques.

Entre los cambios centrales, el texto establece que, si las partidas de Salud no alcanzan, podrán utilizarse fondos del Tesoro. También dispone que los recursos por beneficiario no podrán reducirse en términos reales y mantiene la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación.

Además, el Gobierno deberá presentar en un plazo de 30 días un cronograma para compensar a los prestadores y completar los pagos en un máximo de 90 días. La ley también establece la obligación de garantizar las prestaciones médicas básicas.

El acuerdo incorporó otros pedidos de las organizaciones y de la oposición. Ratifica la Ley de Empleo Protegido, aclara que las pensiones por invalidez laboral conservarán sus requisitos específicos y fija que, antes de suspender una pensión por un cruce de datos, deberá notificarse a la persona y darle un plazo para presentar un descargo. Para evaluar el acceso a la pensión por discapacidad, se tendrán en cuenta los ingresos individuales y no los del grupo familiar.

Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron que el proyecto original no respondiera a la emergencia que atraviesa el sector. También reclamaron que se eliminen del Presupuesto 2027 los artículos del capítulo VI que, según advirtieron, afectarían a las personas con discapacidad y a las prestaciones. Las organizaciones, por su parte, expresaron cautela hasta conocer el texto definitivo y pidieron que los cambios acordados se reflejaran en las partidas presupuestarias.

La aprobación llegó luego de que el oficialismo abandonara su postura inicial y aceptara modificaciones que, según legisladores opositores, evitaron retrocesos en los derechos del colectivo. El respaldo de la Cámara le da al proyecto mayor peso en su paso por el Senado, aunque no despeja la incertidumbre sobre una eventual decisión del Ejecutivo de vetarlo total o parcialmente.