La discusión por el futuro de las políticas destinadas a las personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. Representantes de la Iglesia Católica mantuvieron reuniones con diputados de distintos espacios políticos para expresar su preocupación por el ajuste del Gobierno nacional y defender la continuidad de la emergencia en el sector.

Los encuentros se realizaron el martes 20 de octubre, en la antesala del debate legislativo previsto para este miércoles en la Cámara de Diputados. La delegación de la Pastoral Social del Episcopado buscó transmitir la preocupación de las organizaciones y las familias que dependen de prestaciones, tratamientos y servicios vinculados con la discapacidad.

La reunión más difícil fue con representantes de La Libertad Avanza y bloques aliados. Allí, los referentes religiosos insistieron en la necesidad de sostener un marco legal que garantice los derechos de las personas con discapacidad y evite nuevos retrocesos en materia de asistencia, inclusión y acceso a los servicios.

“Por tener superávit fiscal no se puede tener bancarrota humana”, fue el mensaje que transmitieron durante las conversaciones, en una frase que retoma una idea asociada al papa Francisco sobre los límites que deben tener las políticas de ajuste cuando están en juego las condiciones de vida de las personas.

Desde la Pastoral Social plantearon que el objetivo es encontrar una salida a la situación que atraviesa el sector y sostuvieron que la prórroga de la ley de emergencia sigue siendo una alternativa central para garantizar la continuidad de las prestaciones.

El principal foco de desconfianza está puesto en la iniciativa impulsada por el oficialismo, que propone establecer un régimen permanente para las personas con discapacidad en lugar de limitarse a extender la emergencia vigente. Mientras los representantes libertarios defienden el proyecto como una alternativa superadora, organizaciones y sectores que reclaman la continuidad de la ley cuestionan sus alcances y advierten sobre la posibilidad de que se reduzcan las garantías existentes.

Durante las reuniones, los referentes religiosos plantearon una pregunta concreta ante los legisladores oficialistas: “¿Pero si es una copia por qué no prorrogan la original?”. Según el relato de los participantes, el interrogante no obtuvo una respuesta que despejara las dudas.

La incertidumbre también está relacionada con las modificaciones que podría experimentar el proyecto durante el tratamiento parlamentario. Los representantes de la Iglesia señalaron que necesitan conocer con precisión el texto definitivo para evaluar sus consecuencias sobre las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en el área.

Desde Roma, monseñor Jorge Lozano manifestó su preocupación por la situación y advirtió sobre las consecuencias que las decisiones legislativas pueden tener en la vida cotidiana de miles de personas.

“Estamos siguiendo con mucha preocupación estas cuestiones legales porque afectan de manera particular a las personas de todo el país. Nos afecta en el servicio que le damos a las personas y su inclusión educativa. Es su calidad de vida. Hay gente que padece y sufre una situación muy dura”, expresó en declaraciones a Infobae.

La intervención del Episcopado se produce después de una reunión mantenida semanas atrás con autoridades del Ministerio de Salud. De acuerdo con los representantes del sector, hasta el momento no hubo avances suficientes sobre los reclamos planteados, aunque desde el oficialismo transmitieron que las compensaciones pendientes estaban preparadas para ser abonadas.

En ese contexto, la Iglesia también expresó preocupación por los plazos legislativos y por la posibilidad de que se abra un nuevo trámite parlamentario que termine demorando las soluciones. Los referentes advirtieron que una eventual modificación de la normativa podría derivar en un escenario de mayor incertidumbre si el Poder Ejecutivo decide vetar total o parcialmente la ley que finalmente se apruebe.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la participación de las organizaciones y los ámbitos de consulta previstos para las políticas de discapacidad. Desde el sector sostienen que es necesario garantizar esas instancias antes de avanzar con cambios que afectan directamente los derechos de las personas involucradas.

“Venimos de tres años de vulnerar derechos de manera sistemática, es difícil tener confianza”, señalaron desde uno de los espacios que participaron de las conversaciones. También remarcaron que la discusión no puede limitarse a una cuestión presupuestaria, porque involucra la dignidad, la inclusión y las condiciones de vida de miles de familias.

Además de La Libertad Avanza y sus aliados, los representantes de la Pastoral Social mantuvieron encuentros con legisladores de Unión por la Patria y Provincias Unidas, con quienes encontraron mayores puntos de coincidencia.

La disputa legislativa se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por el futuro de las prestaciones y los recursos destinados al sector. Para la Iglesia y las organizaciones que acompañan a las personas con discapacidad, la discusión no se limita a elegir entre una ley de emergencia y un régimen permanente: el desafío es garantizar que cualquier modificación preserve los derechos y evite que las personas más vulnerables queden desprotegidas.