El servicio de subtes y el Premetro permaneció interrumpido durante unas cinco horas este martes, luego de que dos delegados gremiales fueran detenidos durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. La medida de fuerza comenzó alrededor de las 10 y fue levantada después de las 15.30, tras la liberación de Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. El servicio comenzó a normalizarse de manera progresiva, aunque los sindicatos advirtieron que el conflicto podría escalar si no obtienen respuestas a sus reclamos.

El episodio se inició cuando trabajadores de Emova realizaron una protesta por la sanción aplicada a un empleado. Según la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, los trabajadores planeaban realizar una apertura de molinetes para expresar su rechazo a la medida, pero la acción no llegó a concretarse. La Policía de la Ciudad intervino para detener al empleado Sebastián Carrizo, acusado de haber abierto una puerta de emergencia para permitir el ingreso de pasajeros sin pagar, y los delegados Dellecarbonara y Heredia intentaron impedir el procedimiento. Desde la organización gremial denunciaron una detención arbitraria y criminalización de la protesta.

El Gobierno porteño, en cambio, sostuvo que los efectivos actuaron ante una infracción y que los delegados entorpecieron el procedimiento policial. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió el operativo y afirmó que “el que bloquea un servicio esencial va preso”. Además de Dellecarbonara y Heredia, fue detenido brevemente Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, mientras que durante una protesta realizada en Villa Urquiza también fue detenido otro trabajador, según denunciaron organizaciones sindicales.

La detención de los delegados generó pronunciamientos de la Confederación General del Trabajo y de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, que exigieron su liberación y rechazaron el accionar policial. La CGT sostuvo que detener a representantes gremiales por ejercer su función constituye un hecho grave y consideró que los reclamos vinculados con una sanción laboral y con la tercerización de tareas de mantenimiento son legítimos. Los organismos de derechos humanos, por su parte, señalaron que la protesta es un derecho constitucional y reclamaron el cese de la persecución contra los trabajadores.

Luego de la liberación de los dirigentes, referentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CGT y la CTA brindaron una conferencia de prensa en la que cuestionaron la respuesta del Gobierno porteño y advirtieron sobre una posible escalada del conflicto. Participaron Juan Carlos Schmid, Cristian Jerónimo, Néstor Segovia y Pablo Moyano, quienes defendieron el derecho a huelga y reclamaron que no se vulneren los derechos laborales ni los convenios colectivos.

Aunque la medida de fuerza fue levantada, quedaron pendientes las consecuencias judiciales del operativo, la situación laboral de los trabajadores involucrados y los reclamos por las condiciones de trabajo y la participación de empresas tercerizadas en tareas de mantenimiento. Los sindicatos señalaron que seguirán de cerca el desarrollo de la causa y no descartaron nuevas medidas si no reciben respuestas.