Este miércoles vence el plazo para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presente ante la Justicia la documentación solicitada para explicar las inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio durante los dos años y medio en los que integró el Gobierno de Javier Milei. El fiscal Gerardo Pollicita deberá analizar ahora si las explicaciones y los documentos aportados permiten despejar las dudas o si, por el contrario, corresponde avanzar con nuevas medidas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal presentó el 10 de agosto un requerimiento con 20 preguntas vinculadas con distintos movimientos patrimoniales del exfuncionario. Entre los principales puntos aparecen una diferencia superior a 43 millones de pesos entre los ingresos y los egresos familiares, el origen de determinados fondos y pagos por alrededor de 400 mil dólares relacionados con propiedades, refacciones y otros gastos.

Según la investigación, Adorni recibió 35 salarios durante el período en el que se desempeñó como funcionario. Sumados los ingresos de su esposa, el total familiar habría alcanzado los 229 millones de pesos. Sin embargo, los gastos registrados durante ese mismo período ascendieron a 272 millones, lo que deja una diferencia de aproximadamente 43 millones de pesos que la fiscalía busca determinar cómo fue financiada.

A esto se suman operaciones realizadas en dólares. El expediente analiza desembolsos vinculados con viajes, alquileres, inmuebles y refacciones. Entre las operaciones bajo análisis figura la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, las obras realizadas en ese inmueble y la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró 550, junto con su mobiliario. El desembolso total señalado por la investigación asciende a 402.578,12 dólares.

Las explicaciones brindadas hasta ahora por Adorni también forman parte del análisis judicial. Ante el Congreso había asegurado que sus bienes estaban declarados y sostuvo que “nunca existió ocultación alguna”. Sin embargo, posteriormente, luego de que se iniciara la investigación judicial, presentó una declaración jurada en la que aparecieron cerca de 500 mil dólares adicionales respecto de lo que había informado anteriormente.

En una entrevista con La Nación +, el exfuncionario explicó que parte de ese dinero provenía de inversiones en criptomonedas. Según su versión, había invertido en 2014 y posteriormente obtuvo una ganancia considerable. “Invertimos unos 200.000 dólares y ganamos aproximadamente 300.000”, afirmó. También hizo referencia a dinero que, según relató, habría encontrado en la vivienda de su padre después de su fallecimiento.

La fiscalía, sin embargo, considera que hasta el momento esas explicaciones no alcanzan para justificar la evolución patrimonial. En el requerimiento, Pollicita señaló que “los incrementos, adquisiciones y desembolsos” realizados durante el período investigado “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

Otro de los puntos que deberá aclarar Adorni está relacionado con el manejo de activos digitales. De acuerdo con el expediente, habría utilizado cuatro billeteras de criptomonedas, vinculadas con Binance, Lemon, Buenbit y Satoshi Tango, que no habrían sido incorporadas a sus declaraciones juradas.

Además, los investigadores detectaron ingresos de origen todavía no determinado por unos 7,5 millones de pesos en una cuenta del Banco Nación y mantienen bajo análisis la posible existencia de otros bienes que podrían tener incidencia en la investigación.

Una vez que finalice el plazo para presentar la documentación, el fiscal deberá evaluar las respuestas y los elementos aportados. A partir de ese análisis podrá definir los próximos pasos de la causa, entre ellos la posibilidad de convocar a Adorni a una declaración indagatoria si considera que persisten las inconsistencias patrimoniales señaladas en el expediente.