El exvocero presidencial Manuel Adorni quedó más cerca de ser citado a indagatoria en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno de Javier Milei. El fiscal federal Gerardo Pollicita le otorgó un plazo de 15 días para que explique una serie de inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, sus gastos y distintos movimientos financieros que, según la investigación, no encuentran correspondencia con los ingresos lícitos comprobados de su grupo familiar.

El requerimiento fiscal reconstruyó la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, fecha en la que el exfuncionario dejó su cargo. De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, durante ese período los ingresos comprobados del matrimonio no habrían alcanzado para cubrir sus gastos corrientes.

Según la documentación analizada por la fiscalía, Adorni percibió 35 haberes durante el período investigado, correspondientes a los distintos cargos que ocupó en la administración nacional. Esos salarios oscilaron aproximadamente entre 3 y 7 millones de pesos. Al sumar los ingresos comprobados de su esposa, la fiscalía determinó que el grupo familiar obtuvo 229.752.283,20 pesos.

Sin embargo, los gastos corrientes reconstruidos alcanzaron los 272.820.832,20 pesos. La diferencia, de 43.068.549 pesos, es uno de los puntos que el exfuncionario deberá explicar ante la Justicia. El fiscal también señaló que solamente durante 2024 los gastos del grupo familiar aumentaron un 119 por ciento.

La investigación puso especial atención sobre los dólares utilizados por Adorni para afrontar distintos gastos, entre ellos viajes al exterior, alquileres, compras de propiedades, refacciones y adquisición de mobiliario. El desembolso que genera mayores interrogantes alcanza los 402.578,12 dólares y está vinculado con la compra y puesta en valor de una vivienda en el country Indio Cuá y un departamento ubicado en la calle Miró 550, en el barrio porteño de Caballito.

Entre las mejoras realizadas en la propiedad de Indio Cuá aparecen una piscina climatizada, un jacuzzi, una parrilla y otros trabajos de refacción. Para la fiscalía, el origen de los fondos utilizados para esas operaciones tampoco encuentra, hasta el momento, un correlato suficiente con los ingresos declarados.

A esto se suma la situación de los dólares que Adorni incorporó posteriormente en sus declaraciones juradas. Cuando presentó su primera declaración al ingresar a la función pública no había informado dólares en efectivo. En agosto del año pasado realizó una rectificación correspondiente a 2024 en la que declaró 42.500 dólares.

Antes de abandonar el Gobierno, el exfuncionario presentó nuevas rectificaciones correspondientes a ejercicios anteriores. En la declaración corregida de 2023 aparecieron 565.000 dólares bajo el concepto de “venta de activos”. Para 2024 declaró 513.000 dólares y en la correspondiente a 2025 consignó 388.961 dólares.

El fiscal Pollicita consideró que existen inconsistencias que deben ser aclaradas, particularmente respecto de las tenencias declaradas al comienzo y al cierre de distintos ejercicios y del concepto utilizado para justificar esos fondos. También deberá explicar el origen de los dólares empleados para afrontar gastos en efectivo, incluidos algunos viajes al exterior.

Otro de los aspectos que complican la situación del exfuncionario está relacionado con sus operaciones con criptomonedas. Aunque en sus declaraciones juradas incorporó operaciones con activos digitales correspondientes a 2021 y 2023, la fiscalía detectó que durante su paso por el Gobierno habría utilizado cuatro billeteras virtuales cuyos movimientos no fueron informados ante la Oficina Anticorrupción.

Las plataformas identificadas son Binance, Lemon, Buenbit y Satoshi Tango. Según el requerimiento fiscal, durante el período investigado las cuentas registraron ingresos, retiros y conversiones por un monto equivalente a 269.550,36 dólares.

“Durante el ejercicio del cargo, las cuentas del nombrado en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales tuvieron ingresos, retiros y conversiones por sumas equivalentes a decenas de miles de dólares que no fueron exteriorizadas ante la OA”, señaló la fiscalía.

La investigación también busca determinar el origen de esos fondos y establecer si tuvieron alguna relación con los dólares que posteriormente fueron incorporados en las declaraciones juradas.

Adorni había explicado públicamente que parte de su patrimonio provenía de operaciones con criptomonedas. En una entrevista televisiva sostuvo que había invertido unos 200.000 dólares y que obtuvo aproximadamente 300.000 dólares de ganancias. También hizo referencia a dinero que, según su versión, habría encontrado en la vivienda de su padre después de su muerte.

Sin embargo, la fiscalía detectó que en Binance el exfuncionario había informado un capital de 250.000 dólares al momento de validar su identidad, una suma que no habría sido declarada oportunamente ante los organismos correspondientes. Por eso, Pollicita pretende que explique todo el circuito de adquisición, tenencia, movimientos y eventual venta de esos activos.

El expediente también incluye movimientos bancarios que despertaron sospechas. La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos detectó ingresos de origen desconocido en una cuenta de Adorni en el Banco Nación, además de comprobantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero correspondientes a operaciones que deberán ser aclaradas.

Los investigadores también pusieron bajo análisis otros bienes y distintas fuentes de financiamiento utilizadas por el exfuncionario para concretar sus operaciones inmobiliarias.

Entre ellas aparecen préstamos declarados con familiares. Adorni informó una deuda de 16 millones de pesos con su madre, Silvia Pais, y otra de 18 millones de pesos con la sucesión de su abuela, Norma Zuccolo. En una declaración anterior también había consignado deudas con el Banco Galicia que luego dejaron de aparecer.

La compra del departamento de Caballito constituye otro de los puntos que deberá explicar. La propiedad tuvo un valor de 200.000 dólares y, de acuerdo con la documentación incorporada a la causa, los vendedores aceptaron inicialmente 30.000 dólares y el resto quedó sujeto a pago sin intereses hacia fines de 2026.

La operación se realizó mediante Pablo Martín Feijóo, conocido de Adorni por el colegio de sus hijos. Según la investigación, su madre, Beatriz Viegas, y Claudia Sbabo fueron quienes vendieron el inmueble, que anteriormente había pertenecido al futbolista Hugo Alberto Morales. Feijóo también declaró que financió las reformas realizadas en la propiedad por un monto de 65.000 dólares.

Para la adquisición de la vivienda en el country Indio Cuá aparece además otro préstamo privado por 100.000 dólares, otorgado por las policías Graciela Isabel Molinas y Victoria Cancio, con una tasa de interés del 11 por ciento. Según la documentación del expediente, Adorni habría accedido a ese financiamiento a través de la escribana Adriana Nechevenko.

Todos estos movimientos forman parte del conjunto de 20 puntos que el fiscal Pollicita le pidió aclarar al exfuncionario. La presentación que deberá realizar en los próximos 15 días será determinante para establecer si las explicaciones ofrecidas permiten justificar el crecimiento patrimonial y los fondos utilizados o si corresponde avanzar hacia una instancia de mayor gravedad procesal.

Si las respuestas no resultan satisfactorias, el fiscal podría solicitar que Adorni sea citado a indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ese delito contempla una pena de entre dos y seis años de prisión.

La causa se encuentra así en una instancia decisiva. Mientras Adorni deberá justificar ante la Justicia el origen de los fondos utilizados para sostener su nivel de gastos y concretar sus operaciones patrimoniales, los investigadores continuarán reconstruyendo sus movimientos bancarios, inmobiliarios y vinculados con activos digitales.