La declaración de culpabilidad de Federico "Fred" Machado por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico en un tribunal de Texas volvió a poner el foco sobre la situación judicial de José Luis Espert en Argentina. El fallo cobra relevancia porque confirma que los fondos vinculados al empresario, quien financió parte de la campaña presidencial del entonces candidato liberal en 2019, tenían un origen ilícito, un elemento que también es investigado por la Justicia argentina.

Machado, quien había facilitado dinero, aeronaves y otros recursos a Espert durante la campaña presidencial de 2019, aceptó su responsabilidad por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico en el marco de un acuerdo con la fiscalía estadounidense. A cambio, fue retirada una tercera acusación vinculada con narcotráfico. La resolución fue firmada por el juez Amos Mazzant, aunque todavía resta definir la pena que deberá cumplir el empresario.

La decisión tiene un impacto directo sobre la causa que tramita en los tribunales de San Isidro, donde Espert fue indagado hace un mes en una investigación por presunto lavado de dinero. El expediente, a cargo del fiscal Fernando Domínguez, analiza un giro de 200.000 dólares efectuado el 22 de enero de 2020 desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado, hacia una cuenta de Espert en el Banco Morgan Stanley que, según la investigación, no había sido declarada.

Esa transferencia salió a la luz el año pasado a partir de la documentación incorporada al expediente que se instruye en Texas contra Machado. Tras conocerse la existencia de ese movimiento bancario, Espert reconoció la operación y desistió de su candidatura a diputado nacional.

De acuerdo con la imputación formulada por el fiscal Domínguez, el dinero habría sido incorporado por Espert al sistema financiero argentino y posteriormente utilizado para la adquisición de distintos bienes con el objetivo de otorgarle apariencia de legalidad. Entre esas operaciones se mencionan la compra de un automóvil BMW, un vehículo Lexus RX y una inversión destinada a un proyecto inmobiliario para construir una vivienda de veraneo en las cercanías de Costa Esmeralda. La investigación también analiza otros movimientos financieros considerados relevantes.

La resolución del juez estadounidense constituye un elemento de importancia para el magistrado Lino Mirabelli, quien deberá resolver la situación procesal de Espert y de uno de sus contadores, señalado por la fiscalía como una de las personas que habría colaborado en el diseño de una estrategia para ocultar el ingreso de los 200.000 dólares, luego de la detención de Machado en Argentina en abril de 2021 por un pedido de extradición formulado por Estados Unidos.

Machado permaneció con prisión domiciliaria en Viedma, su ciudad de origen, hasta noviembre del año pasado. Luego de que trascendiera públicamente que había financiado la campaña de Espert, la Corte Suprema de Justicia autorizó finalmente su extradición a Estados Unidos.

En la resolución judicial, el juez Mazzant dejó asentado que "El tribunal declara al demandado Federico Andrés Machado CULPABLE del cargo uno de la acusación formal que imputa (…) conspiración para cometer lavado de dinero y del cargo dos (…) conspiración para cometer fraude electrónico". No obstante, la homologación definitiva del acuerdo alcanzado con la fiscalía quedó supeditada al análisis de un informe previo a la sentencia, mientras continúa pendiente la determinación de la condena que deberá cumplir el empresario.

Durante el proceso, Machado fue representado por el abogado Alex Spiro, quien impulsó un cambio en la estrategia de defensa para que el empresario abandonara su declaración inicial de inocencia y negociara con la fiscalía. En ese marco, reconoció haber desarrollado un esquema fraudulento mediante las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, a través del cual comercializaba aeronaves inexistentes o que no podían operar, obteniendo millones de dólares.

La investigación original de las autoridades estadounidenses señalaba además que Machado integraba una organización criminal transnacional dedicada a adquirir y operar aeronaves utilizadas para el contrabando de drogas y el lavado de dinero. Sin embargo, los cargos relacionados con narcotráfico quedaron fuera del proceso tras el acuerdo alcanzado con la fiscal Heather Rattan. Esa acusación continúa vigente para Deborah Mercer Erwin, socia del empresario, quien fue condenada a 16 años de prisión sin admitir culpabilidad.

En Argentina, la relación entre Machado y Espert ya había quedado bajo investigación luego de comprobarse que el empresario puso a disposición del entonces candidato presidencial dos aviones para recorrer el país durante la campaña de 2019. En una causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py fueron confirmados 36 vuelos privados, algunos realizados junto al propio Machado y a la esposa de Espert. También se investiga la entrega de una camioneta blindada y el presunto aporte de dinero para solventar gastos de campaña.

Durante su declaración indagatoria ante la Justicia de San Isidro, Espert sostuvo que era víctima de una persecución judicial y cuestionó que existieran dos investigaciones paralelas sobre su patrimonio. También objetó el análisis de sus comunicaciones telefónicas y la difusión pública de medidas judiciales vinculadas con el expediente. Sin embargo, según la investigación, no respondió de manera concreta a las imputaciones formuladas en su contra.

El exdiputado también recusó al fiscal Fernando Domínguez, quien impulsa una segunda línea de investigación relacionada con un supuesto circuito informal de cambio de divisas que habría sido utilizado para convertir dólares y pesos fuera del sistema financiero legal. La recusación será analizada en una audiencia prevista para el próximo martes.

Además del presunto lavado de los 200.000 dólares, la fiscalía cuestiona la explicación brindada por Espert sobre el origen de esos fondos, que atribuyó a una consultoría realizada para Minas del Pueblo con el objetivo de asesorar a la empresa en una reestructuración de deuda. En el domicilio de Machado, en Viedma, fue hallado un contrato que fijaba honorarios por un millón de dólares. No obstante, el Ministerio Público sostiene, sobre la base de documentación remitida desde Guatemala, que ese acuerdo sería ficticio y que la empresa minera no desarrollaba una actividad económica relevante al momento de su firma, en junio de 2019.