El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que las empresas encargadas de los servicios de subterráneos, colectivos y recolección de residuos deberán garantizar niveles mínimos de funcionamiento cuando se desarrollen huelgas u otras medidas de fuerza gremiales.

La medida fue establecida mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y fija porcentajes obligatorios de prestación que oscilarán entre el 50 y el 75 por ciento, según la actividad involucrada.

Desde la administración porteña señalaron que el objetivo de la iniciativa es reducir el impacto que los conflictos sindicales provocan en servicios considerados críticos para el funcionamiento cotidiano de la Ciudad y para la movilidad de las personas que ingresan y egresan diariamente del distrito.

“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden”, sostuvo Jorge Macri.

El decreto adhiere a las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que determina cuáles son los sectores considerados esenciales y cuáles son catalogados como “actividades de importancia trascendental”.

La normativa nacional establece la obligación de mantener prestaciones mínimas durante los conflictos laborales, con porcentajes diferenciados de acuerdo con la relevancia y las características de cada servicio.

En el caso de la recolección de residuos, considerada un servicio esencial, las empresas concesionarias deberán garantizar una cobertura mínima equivalente al 75 por ciento de su funcionamiento habitual.

La disposición apunta a evitar la paralización completa del sistema de higiene urbana y asegurar que las tareas de recolección continúen desarrollándose, aunque con una frecuencia reducida, durante las jornadas afectadas por protestas gremiales.

El transporte público de pasajeros, que incluye a los colectivos, el subterráneo y el Premetro, fue incorporado a la categoría de actividad de “importancia trascendental” por su papel estratégico en la movilidad urbana.

Por ese motivo, las compañías responsables de esos servicios deberán garantizar como mínimo el 50 por ciento de la prestación ante cualquier huelga o reclamo sindical.

En el caso del subterráneo y el Premetro, el porcentaje deberá ser cumplido de manera individual en cada una de las líneas. Esto significa que no será posible compensar la falta de funcionamiento de una línea con una mayor cantidad de unidades en otra.

La exigencia también alcanzará a todas las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, cuya competencia regulatoria y de fiscalización fue asumida por el Estado porteño.

La decisión contempla únicamente a los recorridos que se encuentran bajo jurisdicción de la Ciudad y no incluye a las líneas interjurisdiccionales que conectan el distrito porteño con distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Para implementar la normativa, el decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires a establecer, junto con la concesionaria Emova Movilidad Sociedad Anónima, las modalidades operativas necesarias para garantizar el porcentaje mínimo de trenes en circulación.

Ambas compañías deberán definir la cantidad de formaciones, las frecuencias, la distribución del personal y las condiciones bajo las cuales funcionará cada línea durante las medidas de fuerza.

La Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, tendrá a su cargo la intervención ante los conflictos y deberá arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes establecidos.

El organismo también podrá convocar a las empresas, a los representantes sindicales y a las demás partes involucradas para organizar los servicios mínimos y verificar que las prestaciones se mantengan dentro de los niveles fijados.

La Ley de Modernización Laboral introdujo cambios en el artículo 24 de la Ley nacional 25.877, que regula los conflictos colectivos de trabajo capaces de afectar servicios esenciales o actividades de importancia trascendental.

Las modificaciones establecen garantías para evitar la interrupción total de esas prestaciones y obligan a empresas y trabajadores a organizar esquemas mínimos de funcionamiento durante las huelgas.

El decreto lleva también las firmas del ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; del ministro de Justicia, Gabino Tapia, y del jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny.

Con la entrada en vigencia de la medida, el Gobierno porteño buscará impedir que los conflictos sindicales provoquen la suspensión completa del transporte público y de la recolección de residuos, dos servicios que tienen una incidencia directa en la circulación, la actividad económica y la vida diaria de millones de personas.