El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse el próximo 30 de junio ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para prestar declaración indagatoria en una causa en la que se investiga el origen y el destino de 200.000 dólares que recibió de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.

La citación fue dispuesta a partir de un pedido formulado por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien sostiene que el dinero habría ingresado a una cuenta de Espert en Estados Unidos y luego habría sido incorporado al sistema financiero argentino mediante distintas operaciones destinadas a otorgarle una apariencia de legalidad.

La investigación analiza una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 hacia una cuenta a nombre de Espert en el banco Morgan Stanley. De acuerdo con la acusación fiscal, los fondos provenían de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada con Machado y con su socia Debra Lynn Mercer Erwin, condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión.

Machado fue investigado por la Justicia estadounidense por delitos relacionados con lavado de dinero, fraude y narcotráfico. Durante este año se declaró culpable de lavado y fraude y alcanzó un acuerdo con la fiscalía de Texas para quedar eximido de los cargos vinculados al tráfico de drogas.

La documentación incorporada al expediente indica que la organización investigada en Estados Unidos se dedicaba a adquirir y operar aeronaves de manera irregular para facilitar el traslado de drogas y de dinero obtenido mediante actividades ilícitas. También habría utilizado empresas y cuentas bancarias para defraudar a inversionistas mediante la compra de aviones inexistentes o que no se encontraban en condiciones de operar.

El fiscal Domínguez sostiene que Espert no solo recibió los 200.000 dólares, sino que habría utilizado un contrato con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo para justificar el pago. Para la fiscalía, ese acuerdo comercial habría sido simulado y no reflejaría un trabajo efectivamente realizado.

El contrato, fechado el 7 de junio de 2019, establecía que Espert debía brindar asesoramiento para la reestructuración de una deuda de la compañía, realizar un análisis de mercado y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento. Sin embargo, la investigación determinó que el exdiputado no viajó a Guatemala para realizar esas tareas ni contrató a especialistas que pudieran llevar adelante el trabajo.

Según los datos reunidos en la causa, Machado se encontraba en la Argentina cuando supuestamente fue firmado el documento en Guatemala. El contrato fue posteriormente presentado ante una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires, donde se certificó una segunda firma atribuida a Espert.

La fiscalía recibió además información del Registro Mercantil de Guatemala, que indicó que Minas del Pueblo había sido inscripta de manera “provisional” el 8 de mayo de 2017 y que su actividad estaba condicionada a la obtención de autorizaciones administrativas.

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Guatemala comunicó que la empresa había realizado tareas de explotación de recursos naturales sin contar con los permisos correspondientes. Por su parte, la fiscalía especializada en delitos de “Narcoactividad” inició una investigación de oficio a partir de información difundida por medios de comunicación.

Los informes incorporados al expediente señalan que Minas del Pueblo no registraba actividad durante junio de 2019, cuando habría sido firmado el acuerdo con Espert. Para la acusación, esta circunstancia refuerza la sospecha de que el contrato fue confeccionado para otorgar una explicación formal al ingreso de los fondos.

Los documentos encontrados en la vivienda de Machado en Viedma, algunos de los cuales estaban rotos y debieron ser reconstruidos, indican que el contrato ascendía a un millón de dólares. El pago debía comenzar con un desembolso de 100.000 dólares al momento de la firma y continuar con nueve transferencias mensuales.

Hasta el momento, los investigadores solo pudieron identificar la transferencia de 200.000 dólares realizada en enero de 2020. No obstante, la fiscalía no descarta que hayan existido otros pagos efectuados a través de mecanismos diferentes.

Espert reconoció haber recibido el dinero, pero sostuvo que correspondía a un trabajo profesional relacionado con la empresa Minas del Pueblo. La documentación entregada para respaldar esa versión, sin embargo, no logró disipar las sospechas de los investigadores sobre la autenticidad del contrato ni sobre el origen de los fondos.

La relación entre Espert y Machado comenzó a tomar estado público después de la detención del empresario en la Argentina, ocurrida en abril de 2021 a pedido de la Justicia de Texas. Machado permaneció bajo prisión domiciliaria en su vivienda de Viedma hasta que fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025.

Pocos días después de su arresto, el periodista Rodis Recalt difundió una fotografía en la que Espert aparecía junto a Nazareno Etchepare, quien había sido su jefe de campaña presidencial en 2019. De fondo podía observarse uno de los aviones pertenecientes a Machado.

Durante varios años, Espert afirmó que había visto al empresario una sola vez y que el contacto se había producido cuando viajó en un avión privado a Viedma para presentar su libro “La Sociedad Cómplice” durante el comienzo de su campaña presidencial.

Esa explicación quedó cuestionada cuando una investigación sobre los gastos de la campaña electoral de 2019 incorporó una lista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que ubicaba a Espert en 36 vuelos realizados en dos aeronaves vinculadas con Machado. En cinco de esos viajes, ambos habrían coincidido como pasajeros.

La causa que tramita en los tribunales federales de San Isidro se inició a partir de una denuncia presentada por el diputado nacional Juan Grabois. La presentación planteó la posibilidad de que Espert hubiera participado en maniobras destinadas a lavar dinero de la organización criminal investigada en Estados Unidos.

La investigación también se concentró en los movimientos patrimoniales del exdiputado y en las gestiones que habría realizado para justificar el ingreso de los 200.000 dólares ante los organismos fiscales argentinos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el fiscal Domínguez, después de la detención de Machado, Espert comenzó a comunicarse con distintos contadores para analizar de qué manera debía incorporar el dinero y la cuenta bancaria estadounidense en su declaración jurada.

En una conversación registrada a fines de abril de 2021, el dirigente le explicó a uno de sus asesores: “El problema es… el ingreso de esos 200 del 2020, ¿no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor que además firma el contrato y está la letra de él en el contrato que yo firmo con él”.

En el mismo intercambio añadió: “El (Machado) me iba a hacer pasar esto por un contrato con el estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del Pueblo se llama. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos, minas del pueblo existe, está explotada, debidamente localizada, inscripta. Está todo bien eso, aunque lo voy a averiguar ahora, ¿no?”.

Uno de los principales inconvenientes analizados por Espert y sus contadores era que la transferencia no había sido declarada y que tampoco figuraba ante los organismos fiscales la cuenta de Morgan Stanley en la que había recibido el dinero.

El exdiputado tenía declarada otra cuenta en UBS Financial Services, desde la cual realizaba distintas operaciones, pero la cuenta utilizada para recibir los fondos vinculados con Machado no aparecía en sus presentaciones patrimoniales.

Los investigadores encontraron documentos y conversaciones relacionadas con la preparación de la declaración jurada correspondiente a 2020. Entre las alternativas evaluadas figuraban reconocer el dinero y afrontar el costo impositivo, presentarlo como un aporte o una donación o directamente omitirlo.

Según la fiscalía, finalmente se habría optado por no informar la operación y se habría creado la empresa Varianza Sociedad Anónima con el objetivo de justificar ingresos de Espert y disimular el origen del dinero.

La citación dispuesta por Mirabelli también alcanza a esa compañía, cuyo representante es el propio Espert. El juez convocó además al contador Mariano Cosentino para prestar declaración indagatoria el 1 de julio.

En otra de las conversaciones incorporadas al expediente, Espert hizo referencia al trabajo que realizaba Cosentino para organizar su situación patrimonial: “… (Mariano) Cosentino está armando mi declaración jurada, no solo 2020, está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo para lo que resta de 2021. En 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021, Mariano estaba haciendo esos arreglos de cosas mías”.

Antes de finalizar ese diálogo con la contadora Mercedes Almenares, Espert discutió el costo del asesoramiento y expresó: “Dicho sea de paso, 230.000 pesos es un montón, Mechi. ¿No podés bajarme un poco?”.

En otro intercambio describió las gestiones que se realizaban para acreditar ingresos y cubrir sus gastos: “… como con Mariano, por otro lado, en Buenos Aries estamos trabajando el tema de mis ingresos blancos, más el alquiler de Mechi (se referiría a su esposa), la hermana más que mamá, supuestamente este año me transfiere más plata para justificar mi consumo, bla, bla, bla, bla. Simplemente para estemos todos la tanto de lo que está haciendo el otro, digamos”.

La causa registró reuniones entre Espert y los contadores los días 3, 7 y 22 de mayo de 2021 y el 10 de agosto de ese mismo año, luego de que fuera presentada la declaración jurada correspondiente al período fiscal anterior.

La fiscalía también investigó el destino que habría tenido parte del dinero recibido. De acuerdo con el dictamen, Espert transfirió una porción de los fondos desde Estados Unidos hacia una cuenta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en la Argentina y utilizó aproximadamente 45.000 dólares para comprar un automóvil BMW.

En 2024, cuando ya se desempeñaba como diputado nacional, habría cambiado ese vehículo por un Lexus RX valuado en alrededor de 130.000 dólares. Para concretar parte de la operación, ingresó por ventanilla bancaria una suma cercana a los 88 millones de pesos.

Otro movimiento que despertó la atención de los investigadores fue el retiro de 80.000 dólares realizado por Espert cuando la investigación judicial comenzaba a avanzar.

El expediente también analiza la incorporación de su esposa, María Mercedes González, al fideicomiso Costa Dunas, un emprendimiento inmobiliario ubicado cerca de Costa Esmeralda, al norte de Pinamar.

Según la acusación, González aportó 55.501 dólares y 50.893.221 pesos entre febrero y septiembre de 2025 para acceder a una propiedad de veraneo dentro de un barrio privado.

Una parte de la pesquisa todavía en desarrollo se concentra en un supuesto mecanismo mediante el cual Espert habría entregado dólares en efectivo a diferentes operadores informales de cambio que, posteriormente, le transferían pesos a sus cuentas bancarias.

De esa manera, según la hipótesis fiscal, los dólares ingresaban al circuito informal y retornaban como pesos bancarizados, que eran utilizados para afrontar consumos con tarjetas de crédito que habrían alcanzado los 15 millones de pesos mensuales.

Mediante esas operaciones se habrían incorporado alrededor de 225 millones de pesos al sistema financiero. Las maniobras se habrían realizado durante el período en el que Espert se desempeñaba como diputado nacional y presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El pedido de indagatoria había sido presentado por Domínguez cerca de un mes antes de la citación. Inicialmente, Mirabelli informó que resolvería la situación después de recibir el contenido completo de los teléfonos celulares secuestrados y una selección de los correos electrónicos vinculados con la causa.

El fiscal respondió que el material solicitado ya se encontraba incorporado al expediente y advirtió que no era posible realizar el filtrado de los correos electrónicos en los términos requeridos. Finalmente, el magistrado fijó la audiencia para el 30 de junio.

El presidente Javier Milei respaldó públicamente a Espert después de que Machado alcanzara el acuerdo con la fiscalía estadounidense. El mandatario afirmó que el empresario había sido declarado inocente y expresó “con José Luis Espert siempre”, al considerar que el exdiputado era víctima de una “operación mediática infame”.

La situación judicial obligará ahora a Espert, a quien Milei suele llamar “el Profe”, a brindar explicaciones ante el juez sobre el origen de los 200.000 dólares, el contrato con Minas del Pueblo, la creación de Varianza Sociedad Anónima y las operaciones patrimoniales que la fiscalía considera compatibles con una maniobra de lavado de dinero.

La declaración indagatoria no implica una condena ni una definición sobre su responsabilidad penal, pero representa el paso previo para que el juez determine si existen elementos suficientes para procesarlo, dictar su falta de mérito o disponer su sobreseimiento.