La investigación judicial por el escándalo del fentanilo contaminado continúa avanzando y ya acumula cerca de un centenar de víctimas fatales. Luego de ampliar los procesamientos contra los responsables de los laboratorios involucrados, la Justicia comenzó a profundizar el análisis sobre el papel que desempeñaron los organismos encargados del control sanitario y la eventual responsabilidad de funcionarios nacionales.

A mediados de mayo, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, amplió el procesamiento de Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable del conglomerado integrado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, junto a otros doce imputados. La medida incorporó 70 nuevas muertes y 44 casos de lesiones vinculados al uso de fentanilo contaminado, que se suman a las 20 víctimas fatales ya analizadas en una resolución anterior.

De esta manera, la investigación judicial logró acreditar hasta el momento al menos 90 fallecimientos y 44 personas afectadas por distintas lesiones, dos de ellas consideradas de extrema gravedad.

El foco de la causa comienza ahora a desplazarse hacia los organismos que tenían la responsabilidad de fiscalizar la producción y circulación de medicamentos. En ese marco, la Justicia analiza la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y del Ministerio de Salud de la Nación.

La investigación busca determinar si existieron fallas, omisiones o demoras en los controles que permitieron que el medicamento contaminado llegara a hospitales y centros de salud de distintas provincias argentinas.

Según surge del expediente, la ANMAT tomó conocimiento de las primeras sospechas de contaminación el 2 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata informó la detección de bacterias en ampollas de fentanilo de la marca HLB. Sin embargo, la denuncia formal fue presentada recién el 12 de mayo y la prohibición de uso del lote cuestionado se dispuso tres días después.

La Justicia intenta establecer si ese lapso pudo haber contribuido a ampliar la circulación del producto contaminado dentro del sistema sanitario.

En una de sus resoluciones, Kreplak sostuvo que la adulteración del lote investigado fue consecuencia de una serie de incumplimientos sistemáticos de las Buenas Prácticas de Fabricación dentro de Laboratorios Ramallo. Según el magistrado, esas irregularidades incrementaron de manera concreta el riesgo sanitario para los pacientes que recibieron el medicamento.

Las pericias realizadas durante la investigación detectaron la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos que fueron hallados tanto en las ampollas contaminadas como en numerosos pacientes afectados.

La reconstrucción de la cadena de distribución permitió determinar que el lote contaminado circuló por 52 establecimientos de salud distribuidos en cinco jurisdicciones del país.

A partir de esa información, los investigadores analizaron más de 10.500 historias clínicas correspondientes a pacientes que recibieron fentanilo durante el período considerado de riesgo. Luego de diversos estudios y cruces de información microbiológica, la Justicia logró identificar las víctimas incluidas en los procesamientos.

El expediente también describe graves deficiencias en los procesos de elaboración y control dentro de Laboratorios Ramallo. Entre ellas figuran registros confeccionados de manera irregular, documentación alterada, controles de calidad deficientes y múltiples incumplimientos de los protocolos exigidos para la fabricación de medicamentos estériles.

Por estos hechos permanecen procesados Ariel García Furfaro, su hermano Diego García Furfaro, su madre Nilda Furfaro y otros directivos, responsables técnicos, jefes de calidad y supervisores de producción vinculados a HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

La acusación principal es por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte y por la elaboración de productos peligrosos para la salud pública.

Mientras la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata analiza los recursos presentados contra los procesamientos, la investigación avanza hacia una nueva etapa centrada en las responsabilidades institucionales.

En ese contexto, la Justicia busca determinar si los mecanismos de control sanitario funcionaron correctamente y si las autoridades responsables actuaron con la rapidez y eficacia necesarias para evitar una de las mayores tragedias sanitarias registradas en los últimos años en Argentina.