El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley que reúne dos medidas de fuerte impacto económico y político: por un lado, la reducción del alcance del régimen de Zona Fría para los subsidios al gas y, por otro, un mecanismo que podría derivar en la cancelación de una deuda cercana a los 2.000 millones de dólares de empresas distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratada en el Senado. Mientras el oficialismo sostiene que busca ordenar el sistema y reducir gastos, desde distintos sectores cuestionan que las medidas impliquen un nuevo ajuste sobre usuarios y beneficios a empresas privadas.

Uno de los puntos centrales del proyecto aparece en el capítulo referido a la reforma de la Zona Fría. Allí se propone dejar afuera del esquema de subsidios a regiones que habían sido incorporadas durante la ampliación de 2021.

Las áreas alcanzadas por esa ampliación comprenden gran parte de la provincia de Buenos Aires, sectores de Córdoba, Mendoza y San Luis, además de zonas de Santa Fe y regiones cordilleranas de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

De aprobarse el proyecto, los únicos usuarios de esas regiones que conservarían el beneficio serían aquellos incorporados al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Las denominadas zonas históricas del régimen continuarían incluidas. Se trata de toda la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Actualmente el régimen alcanza aproximadamente a 4,3 millones de usuarios de gas en todo el país, cerca del 45 por ciento del padrón nacional. Según estimaciones oficiales, con la nueva normativa alrededor de 1,6 millones de usuarios quedarían completamente excluidos y dejarían de recibir cualquier tipo de asistencia estatal para afrontar el costo del servicio.

De acuerdo con fuentes citadas durante el debate legislativo, el Gobierno calcula un ahorro fiscal cercano a los 272.000 millones de pesos anuales, dentro de un esquema que considera deficitario.

La medida llega además en un contexto de fuertes incrementos tarifarios. Informes recientes señalan que las boletas de gas registraron importantes aumentos durante los últimos meses y que el impacto podría profundizarse con la llegada de las bajas temperaturas.

En paralelo, otro capítulo del proyecto establece un sistema de "autosuficiencia económico-financiera" para el Mercado Eléctrico Mayorista. Allí se prevé un mecanismo para revisar las deudas acumuladas por empresas distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima durante los años en los que rigieron distintos esquemas de congelamiento y regulación tarifaria.

Según el texto, la Subsecretaría de Energía Eléctrica deberá calcular las diferencias económicas derivadas de los períodos de emergencia tarifaria y determinar eventuales créditos para las distribuidoras.

Esos montos serían aplicados exclusivamente a cancelar las obligaciones pendientes con la compañía estatal.

Distintas versiones sostienen que el mecanismo podría representar una compensación cercana a los 1.842 millones de dólares para las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el oficialismo argumentan que el objetivo es regularizar la situación financiera del sector y avanzar hacia un esquema sustentable.

Las críticas, en cambio, apuntan a que mientras millones de usuarios podrían perder subsidios y afrontar mayores costos en servicios esenciales, el proyecto contempla beneficios económicos para empresas que acumulan deudas millonarias.

El debate continuará ahora en el Senado, donde el proyecto volverá a exponer diferencias entre oficialismo y oposición respecto del rol del Estado en el esquema energético y la política de subsidios.