El Gobierno nacional dispuso una recomposición salarial para la plana mayor del Estado que acumula un incremento del 123,8 por ciento en los últimos cinco meses. La medida alcanza a más de mil funcionarios de primera línea, desde el jefe de Gabinete hasta autoridades de empresas públicas y organismos descentralizados.

El esquema fue habilitado a partir del decreto 931/2025, firmado el 2 de enero por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y responde a lo que en la administración definen como un “descongelamiento de salarios”, luego de que los haberes permanecieran sin cambios desde diciembre de 2023.

El aumento comprende a funcionarios de alto rango, entre ellos la secretaria general Karina Milei, los ministros del Gabinete, secretarios, subsecretarios y directivos de distintos entes públicos. En total, el universo incluye a decenas de autoridades superiores, más de 200 subsecretarías, direcciones nacionales y responsables de organismos estatales.

De acuerdo con los nuevos valores, los ministros y secretarios con rango ministerial percibirán en junio un salario bruto de 8.019.338 pesos, lo que representa un salto significativo respecto de los 3.584.006 pesos que cobraban en diciembre. En el caso de los secretarios, el ingreso pasará de 3.282.709 a 7.345.634 pesos, mientras que los subsecretarios verán sus haberes incrementarse de 2.981.513 a 6.761.656 pesos. La actualización se implementó de manera escalonada, con subas mensuales.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de equiparar los salarios de la alta conducción estatal con los acuerdos paritarios del sector público y así revertir el atraso acumulado durante el período de congelamiento.

Quedaron excluidos de estos incrementos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes continúan percibiendo sueldos brutos de 4.066.018 y 3.764.821 pesos, respectivamente. El mandatario remarcó recientemente: “Soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí”.

El decreto incorpora además una cláusula vinculada al equilibrio de las cuentas públicas. Según lo establecido, si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de los funcionarios alcanzados quedarán automáticamente congelados y se suspenderán futuros incrementos.

Aun con estas subas, los sueldos del Poder Ejecutivo permanecen por debajo de los que perciben legisladores y jueces. En el Congreso, diputados y senadores superan los 11 millones de pesos mensuales, mientras que en el Poder Judicial los jueces de Cámara cobran entre 12 y 15 millones y los de Casación entre 13 y 16 millones. En la cima de la escala salarial estatal se ubican los integrantes de la Corte Suprema, con ingresos cercanos a los 20 millones de pesos mensuales.