La decisión de la Cámara Nacional del Trabajo de suspender la cautelar que frenaba parte de la reforma laboral no solo reactivó más de 80 artículos cuestionados, sino que también abrió un nuevo foco de conflicto político e institucional. El eje de la controversia se trasladó rápidamente a uno de los jueces firmantes del fallo, Víctor Arturo Pesino.

El magistrado, que integró la resolución junto a María Dora González, quedó en el centro de la escena luego de que el Gobierno nacional avanzara con el trámite para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional para los jueces.

La medida fue oficializada a través del Ministerio de Justicia y deberá atravesar ahora el proceso correspondiente en el Senado, donde se definirá si Pesino continúa en la Cámara por un nuevo período de cinco años.

El fallo que originó la polémica no revocó la cautelar previa dictada por el juez Raúl Ojeda, sino que le otorgó efecto suspensivo, lo que en la práctica permitió restituir la vigencia de la reforma laboral mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Desde la Confederación General del Trabajo cuestionaron con dureza la decisión judicial y sostuvieron que la resolución implica un retroceso en materia de derechos laborales. Además, señalaron que el criterio adoptado por los camaristas se aparta de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece la protección preferente de los trabajadores.

El fallo también fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien expresó en redes sociales: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, en respaldo a la decisión judicial.

Sin embargo, el posterior impulso oficial para extender la permanencia de Pesino generó fuertes críticas desde sectores políticos y sindicales. El senador Mariano Recalde calificó la situación como “un intercambio obsceno a la vista de todos” y cuestionó lo que consideró un beneficio directo tras un fallo favorable al Gobierno.

En la misma línea, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó contra los magistrados involucrados y los cuestionó públicamente, mientras que desde el ámbito judicial también surgieron expresiones de malestar por la decisión.

La abogada laboralista Natalia Salvo advirtió que resulta “muy llamativo” que el trámite para la continuidad del juez se haya activado inmediatamente después del fallo, y remarcó que la sala interviniente no se caracteriza por criterios “protectorios o garantistas”.

El caso se da en un contexto más amplio de debate sobre la reforma laboral y el rol de la Justicia, con múltiples actores que cuestionan la constitucionalidad de las medidas impulsadas por el Gobierno.

En los próximos días, se abrirá un período para la presentación de impugnaciones a la continuidad de Pesino. Luego, el Poder Ejecutivo deberá enviar su pliego al Senado, donde el magistrado deberá defender su permanencia.

Mientras tanto, la discusión de fondo sobre la validez de la reforma laboral sigue abierta en los tribunales, en un escenario atravesado por tensiones políticas, judiciales y sindicales que continúan escalando.