A través del Decreto Nº 698/26, con fecha 20 de marzo, se promulgó la Ordenanza Nº 046/2026 que establece la creación del Registro de Infractores de Convivencia Ciudadana en el distrito de General Alvarado. Se trata de una nueva herramienta municipal destinada a ordenar, prevenir y sancionar conductas que afectan la seguridad y la vida en comunidad.

El registro incluirá a quienes cometan faltas como escapes libres, maniobras peligrosas, picadas, ruidos molestos, arrojo de residuos, presencia de animales sueltos e infracciones por alcoholemia. La iniciativa busca ampliar el alcance de las sanciones más allá de lo económico.

En este sentido, además de las multas previstas, las personas incorporadas al registro enfrentarán importantes restricciones administrativas. Entre ellas, la imposibilidad de acceder a habilitaciones, subsidios, licitaciones, planes de pago, uso del espacio público, beneficios municipales, ferias, transporte municipal y otras gestiones.

Estas limitaciones se mantendrán vigentes hasta que el infractor cumpla con trabajos comunitarios o, en su defecto, durante un plazo de 36 meses. De este modo, el municipio busca generar un mecanismo que no solo sancione, sino que también promueva la responsabilidad social.

Según se detalla en la normativa, tanto en la Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional existen antecedentes de registros de contraventores utilizados para el control de reincidencias y la gestión administrativa. Sin embargo, la propuesta de General Alvarado incorpora un enfoque más amplio.

A diferencia de otras experiencias, generalmente limitadas al registro de infracciones o con alcances parciales, este sistema contempla diversas conductas que afectan la convivencia cotidiana e introduce un esquema de restricciones concretas como parte de la sanción.

De esta manera, la iniciativa apunta a fortalecer el compromiso ciudadano con el respeto de las normas y el cuidado del espacio público, vinculando el levantamiento de las restricciones al cumplimiento de trabajos comunitarios o al paso del tiempo establecido por la normativa.